Una lengua en precampaña
La escolarización en castellano recrudece el tono del enfrentamiento entre Wert y Rigau
En la última semana, el Ministerio de Educación que encabeza José Ignacio Wert y el departamento de Enseñanza que dirige Irene Rigau han estado a la gresca a vueltas con la inmersión lingüística. La discordia la motivó el baile de números sobre las peticiones de familias que desean que sus hijos sean escolarizados en castellano. La lengua ha entrado en la precampaña.
Educación aprobó en julio un decreto que permite a las familias solicitar ayudas para la escolarización privada en castellano cuando no encuentre un colegio público con esa oferta. El texto recoge que el Tribunal Constitucional reconoce que “la lengua cooficial puede tener la condición de vehicular” pero también recuerda que el tribunal “ha reconocido de manera reiterada que la exclusión del castellano como lengua vehicular es inconstitucional”. La ayuda es de 6.004 euros anuales. El Estado lo abona primero a las familias y lo descuenta de las transferencias a Cataluña.
El ministerio presupuestó unos 1.000 casos, muy lejos de las peticiones hasta hoy. La cifra más actualizada, confirmada por Educación el pasado miércoles, es de 322 peticiones pendientes de tramitación. El número ha variado sensiblemente y hasta en tres ocasiones en los últimos cuatro meses.
El primer balance se conoció en octubre de 2014, a través de una respuesta parlamentaria a UPyD en las Cortes. Educación había recibido un total de 293 peticiones de todo el Estado, 37 de las cuales estaban en estudio. Solo cuatro venían de Cataluña.
Educación admitía el 16 de enero que las tres primeras solicitudes tramitadas en Cataluña habían sido rechazadas. En total había 80 peticiones catalanas. No se otorgó la ayuda, según la primera versión, porque los menores que la pedían estaban matriculados en una escuela privada bilingüe, pero en catalán e inglés, no en castellano. Francisco Ribas, el padre de dos de los niños, es el líder del PP en Tona (Osona). Ribas protagonizó una polémica previa con el director de una escuela al intentar que aumentara la educación en castellano. Educación, en un gesto poco usual, rectificó su versión sobre el rechazo a las tres peticiones ese mismo viernes, a las 10 de la noche. “No se ha producido todavía ninguna denegación a las familias. Se ha pedido información a los centros sobre si tienen oferta en castellano”, dijo un portavoz.
Por otro lado, el lunes se conoció una sentencia de diciembre de 2014, en la que el TSJC obligaba a la Generalitat a indemnizar con 3.000 euros a una menor por haberle negado la escolarización en castellano, lo que le había generado “un grave perjuicio”, según el Tribunal. La niña es la hija de Severo Bueno de Sitjar de Togores, ex director de la Abogacía del Estado en Barcelona. El caso se remonta a siete años atrás cuando la menor estaba en una escuela infantil concertada. El Tribunal Supremo le había dado la razón a Bueno y dictó que a la menor se le escolarizara en castellano. Como la niña ya ha acabado ese ciclo educativo, el padre solicitó que se le indemnizara. Enseñanza anunció que recurrirá dicha sentencia del TSJC. En ocho casos similares previos, la justicia dio la razón a la Generalitat.
Tras la sentencia, llegó una nueva cifra oficial. 322 peticiones en estudio para escolarización en castellano. ¿Por qué se habían multiplicado por cuatro en menos de una semana? Un portavoz explicó que la primera cifra (80) correspondía a las peticiones que habían llegado físicamente al ministerio y que a esas se sumaron “las telemáticas”.
“Cuando el ministerio envía, día sí y día no, cifras diferentes, hace pensar que el PP ha decidido entrar de forma clara en este tema y arrebatar a Ciudadanos su punto estrella del programa electoral”, dijo Rigau. Enseñanza ha replicado en este tiempo que solo les constan cinco peticiones. Pero sus cuentas tampoco son claras.
Para reclamar la ayuda, la familia tiene que haber recibido primero una negativa de la Generalitat. Enseñanza no ha explicado cuántas negativas iniciales ha tramitado y solo le constan las que, en un escenario posterior de la evaluación del ministerio, requieren un informe final suyo.
El PP y Ciutadans son los dos únicos partidos del panorama autonómico que consideran que existe un conflicto lingüístico en Cataluña. La cercanía al PP de algunas de las familias que han solicitado la ayuda genera ciertas suspicacias en los entornos catalanistas. El presidente de Convivencia Cívica Francisco Caja, y el PP catalán denunciaron presiones de Rigau a los directores de colegio concertados para retirar solicitudes de escolarización en castellano. Carles Armengol, secretario adjunto de Fundació Escola Cristiana de Catalunya, que agrupa 400 centros concertados religiosos negó ese extremo. “No tenemos noticias de esas amenazas. A la mayoría de directores les preocupa estar en medio de estas maniobras de los grupos de presión”.
