Amparo jurídico contra la exclusión sanitaria

Más de un millar de inmigrantes han visto cómo se dificultaba o se impedía su acceso a la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana desde la entrada en vigor del decreto que excluyó a los extranjeros en situación irregular de la red asistencial normalizada, en 2012. Los datos los ha recabado el Observatorio del Derecho a la Salud de la Comunitat Valenciana (Odusalud). Representan una media de más de un incidente al día.

Muchas de estas personas desconocen que pueden recibir amparo jurídico. Tampoco saben cómo canalizar su protesta adecuadamente. A ello responde la iniciativa lanzada por Odusalud (observatorio integrado por la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitaria, Médicos del Mundo, Cáritas y otras 70 entidades más). El grupo de formación, información y sensibilización del observatorio con el apoyo de la Sección de Derechos Humanos y Extranjería del Colegio de Abogados de Valencia han elaborado unas guías jurídicas para combatir la exclusión sanitaria, ya sea por la vía administrativa o por la judicial, y dar herramientas a las víctimas de la desatención asistencial para poder combatirla.

Los afectados pueden obtener a estos recursos modelo, disponibles tanto en la web como en las entidades integradas en el observatorio. Y también, en el caso de que sea necesario, acceder al servicio de turno de oficio que presta el Colegio de Abogados de Valencia a través del Servicio Jurídico de Orientación al Inmigrante para obtener su colaboración.

Carlos Fluxà, de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar i Comunitaria, explica que han detectado distintos problemas. El caso más evidente son los incumplimientos a la propia norma que limitó la asistencia sanitaria universal. El Real Decreto Ley 16/2012 excluyó a los extranjeros sin permiso de trabajo y residencia. Pero introdujo una salvedad. Dejó al margen del recorte en las prestaciones a las mujeres embarazadas, a los menores y a la atención de las urgencias. Pese a ello, el observatorio valenciano ha detectado problemas e incluso solicitudes de pago por este tipo de servicios, que deberían estar exentos de cualquier obstáculo.

La Generalitat Valenciana trató de paliar la exclusión con el denominado Programa Valenciano de Protección de la Salud, que puso en marcha en agosto de 2013. Esta iniciativa amparó a inmigrantes con enfermedades infecciosas o problemas de salud mental o a los que ya contaban con la tarjeta sanitaria más de un año siempre que tuvieran pocos ingresos. Pero también en estos casos se han detectado incidentes.

La casuística de los problemas en el acceso a la asistencia es muy amplia, aunque otro de los grupos más afectados son los ciudadanos rumanos. A pesar de ser ciudadanos de la Unión Europea y de existir un convenio internacional que reconoce su derecho a ser atendidos, Odusalud ha advertido que se trata de una comunidad especialmente perjudicada. Representan el 25% de los casos de falta de asistencia adecuada.

Ante todos estos casos se han diseñado recursos. Ya sea por denegación de urgencias, o para recurrir contra facturas o liquidaciones. También se han diseñado protocolos para responder ante problemas relacionados con el embarazo, parto o postparto; las urgencias, los menores o los ciudadanos rumanos. O un modelo de denuncia penal por inasistencia sanitaria. Incluso existen recursos, basados en los derechos humanos más básicos, para combatir la falta de atención en la red pública a las personas a las que se ha retirado el derecho de ser asistidos.