Familias de pisos sociales vendidos a una empresa temen alzas de alquiler
UPyD critica la inacción municipal con exinquilinos de la EMVS
Las 152 familias de una decena de bloques de pisos de alquiler social ubicadas en el barrio madrileño de Sanchinarro (distrito de Hortaleza) viven angustiadas por la falta de noticias de su casero. Sus contratos, de 10 años de duración, expiran en mayo. Los firmaron con la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), pero en 2010 el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón (Partido Popular) vendió sus casas a la empresa Lazora.
En total, el Ayuntamiento colocó 1.105 viviendas en los distritos de Vallecas, Villaverde, Carabanchel, Hortaleza y Moratalaz. Ingresó 112 millones de euros. Las condiciones de alquiler debían mantenerse... hasta que expiraran los contratos en vigor.
En Carabanchel, Lazora aprovechó esa circunstancia para subir el precio del alquiler, exigir avales e incluir otras cláusulas, según denuncia el presidente de los vecinos afectados en Sanchinarro, Sergio Sanz, que teme que seguirán ese camino en mayo.
El pasado mes de diciembre, Lazora intentó cobrarles el Impuesto de Bienes Inmuebles. Se pudieron en contacto con la EMVS, que, junto con la concejal de Urbanismo, Paz González, pidió a la empresa “la reconsideración total de la medida”, según consta en la respuesta que el Ayuntamiento dio a los vecinos.
Sanz cuenta que Lazora se echó atrás, pero exige a la empresa que aclare ahora qué pasará en mayo, máxime cuando entre las familias afectadas hay personas en paro o con escasos recursos, e incluso discapacitados. Indica además que en sus contratos figura la opción de compra al finalizar el alquiler, una cláusula que teme que Lazora no respete.
El portavoz de Unión Progreso y Democracia, David Ortega, denuncia: “Es evidente que en este, como en otros tantos casos, el Ayuntamiento, como Poncio Pilatos, se lava las manos y no muestra la más mínima sensibilidad para con los madrileños. No puede despachar la situación confiando en que una empresa privada muestre sensibilidad para reconducir algo a todas luces injusto. Son las familias que se quedan sin casa las que pagan la mala gestión del PP. Hay que poner el interés de la gente por encima de cualquier otra consideración”.
