La Junta eleva a un millón las multas por hipotecas abusivas de los bancos
La nueva norma obliga a los notarios a denunciar si detectan irregularidades
El Gobierno andaluz ha dado un paso más en la defensa de los consumidores frente a la banca en materia de vivienda. Tras la puesta en marcha de la ley antidesahucios —suspendida parcialmente por el Tribunal Constitucional tras el recurso del Gobierno central—, el Consejo de Gobierno ha aprobado un proyecto de ley que contempla multas de hasta un millón de euros para aquellas entidades financieras que impongan a sus clientes cláusulas hipotecarias abusivas. Asimismo, las sanciones pueden elevarse hasta 10 veces el importe de la cantidad defraudada. “Nos ponemos al lado de las familias y de los más vulnerables, asegurando la función social de la vivienda y protegiendo el derecho de la ciudadanía de los abusos de la banca”, ha asegurado el vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas (IU).
La futura ley andaluza gira en torno a dos ejes: la protección de los consumidores y la transparencia en las negociaciones con la banca. “Nuestro objetivo final es que la persona consumidora sepa lo que está firmando y contratando con la entidad bancaria, asegurando tanto el futuro de los contratantes como de los avalistas”, ha asegurado Valderas. Para ello, la normativa obligará a los bancos a ampliar la información que facilitan al consumidor antes de firmar un contrato hipotecario. Así, se establecen dos documentos adicionales a los exigidos por la ley estatal en los que, por ejemplo, debe aparecer una tabla de oscilaciones de los tipos de interés. Asimismo, las entidades deberán advertir al usuario si, entre otros aspectos, en sus hipotecas existen cláusulas suelo y techo.
La ley protege al avalista y obliga a las entidades a dar más información
Valderas ha confiado en que el texto llegue al Parlamento en el primer trimestre. Esta normativa, junto a la de Memoria Democrática —cuyo proyecto ha sido aprobado este martes también—, se enmarca en las 28 leyes comprometidas en el acuerdo de Gobierno entre PSOE e IU. Con las de este martes, serían cuatro las normas del pacto aprobadas (ya vieron la luz la de Transparencia y la de Transexualidad).
Entre otras medidas, la normativa obliga a las entidades a indemnizar a los consumidores por los daños y perjuicios causados, protege a los avalistas al reconocer su derecho a estar informado en igual de condiciones que los consumidores e impide que las entidades bancarias obliguen a los usuarios a contratar otros productos no hipotecarios, como seguros de vida o de la propia casa. Asimismo, se pondrá a disposición de los bancos un contrato hipotecario que contará con la garantía de la Junta y de las asociaciones de consumidores.
Precisamente, para velar por su cumplimiento, la ley contempla el desarrollo de campañas de inspección y apela a la colaboración de los notarios y registradores de la propiedad. Según el vicepresidente de la Junta, los fedatarios tendrán la obligación de denunciar ante la Administración si detectan “el incumplimiento de la ley o cláusulas declaradas nulas por abusivas”. Para ello, la consejería prevé firmar en breve un convenio con el colectivo de los notarios.
Sobre la normativa, Facua ha lamentado “las reducidas sanciones establecidas” (la ley estatal, que data de 1984, ya contempla multas de hasta 600.000 euros) y ha advertido de que “si continúa la falta de mecanismos eficaces de control por parte de la Secretaría General de Consumo, la norma se convertirá en papel mojado”.
La hepatitis C y la gripe, a la Cámara
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha reiterado el compromiso de la Junta con los enfermos de hepatitis C y garantizó que ninguno se quedará sin el tratamiento que su médico le prescriba, tal y como viene defendiendo estos días la consejera de Salud, María José Sánchez Rubio. Tras el Consejo de Gobierno, Vázquez ha anunciado que la Junta va a solicitar la celebración de un pleno extraordinario en el Parlamento para explicar su estrategia ante la hepatitis C, así como la actuación realizada estas semanas en las urgencias hospitalarias. Con esta comparecencia, se busca “combatir la estrategia de deterioro y desprestigio de la sanidad pública andaluza”.
En el Consejo de Gobierno, Sánchez Rubio ha recordado que su departamento ha solicitado al Gobierno central que el dinero que recaude con la subida al 21% del nuevo IVA sanitario se destine a medicamentos innovadores, como los vinculados a la hepatitis C. Este aumento supondrá un coste adicional de 60 millones para el sistema sanitario público andaluz. La consejera ha adelantado que Salud está instalando un programa informático específico para agilizar las órdenes de dispensación hospitalarias, garantizar la adquisición del tratamiento con criterios homogéneos y facilitar su seguimiento en tiempo real.
Sánchez Rubio ha presentado en dicha reunión un informe sobre la situación de las urgencias hospitalarias. En él, tal y como ha señalado Vázquez, se informa de que han reforzado el servicio con 450 contrataciones y se mantienen activas todas las medidas del Plan de Alta Frecuentación para hacer frente a la mayor afluencia de usuarios tras el colapso sufrido en enero. Según el informe, la demanda de casos urgentes está relacionada con la presencia de virus respiratorio.
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