La fiscalía descarta ‘Ciutat morta’ como prueba para reabrir el caso
El Síndic investigará de oficio para esclarecer los hechos del 4 de febrero de 2006
La fiscalía frenó ayer la voluntad de parte de la sociedad civil y de la mayoría de formaciones políticas catalanas de reabrir el caso 4F después de la emisión del documental Ciutat morta el pasado sábado en Canal 33. Fuentes del ministerio público descartaron actuar de oficio tras la emisión del documental, al no considerarlo como una “prueba jurídica nueva”.
Las reacciones a la emisión de Ciutat morta, que cuestiona la condena a cinco personas por intento de homicidio de un agente de la Guardia Urbana en 2006, no tardaron en llegar. Tras las declaraciones del pasado domingo del alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en las que pedía no dudar de la actuación de la policía municipal durante los incidentes ocurridos el 4 de febrero de 2006, el Consistorio anunció ayer por la mañana que ya ha enviado un escrito a la Fiscalía en el que adjunta el documental para que el ministerio público evalúe si existen nuevas pruebas que permitan reabrir la causa.
El primer teniente de alcalde de la ciudad, Joaquim Forn, aseguró que el documental aporta un testimonio nuevo que, según la versión que ofrece Ciutat morta, sabría quién lanzó la maceta desde la azotea del antiguo Palacio Alòs que dejó en estado vegetativo a un agente de la Guardia Urbana. Fuentes de la fiscalía matizan que el documental no es una prueba; cosa distinta sería que se aportara un indicio nuevo que demostrara que alguno de los cinco condenados no participó en los incidentes del desalojo o que implique a un tercero.
“Ante la gravedad de los hechos que describe el documental y de las diferentes informaciones que contiene, como Gobierno municipal, no podemos ni queremos darle la espalda”, reconoció Forn. El edil aseguró también que cualquier nueva prueba que llegue a manos del Ayuntamiento será presentada ante la Fiscalía.
El documental, obra de Xepo Ortega y Xavier Artigas, cuestiona el proceso judicial por el que se condenó a cinco personas por los incidentes durante el desalojo de una fiesta en un inmueble okupado en el distrito de Ciutat Vella, Barcelona. Una de las detenidas, Patricia Heras, se suicidó en 2011 durante un permiso penitenciario.
A pesar de que el documental se estrenó en junio de 2013, fue el pasado sábado cuando consiguió repercusión social. La emisión de Ciutat morta en Canal 33 tuvo una audiencia de 569.000 espectadores y una cuota de pantalla del 19%.
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, anunció también ayer la apertura de una investigación de oficio sobre los hechos que se denuncian en Ciutat morta. Ribó aseguró que hasta ahora no había iniciado indagación alguna porque no ha recibido “ninguna queja” sobre el caso.
El síndic, como máximo responsable de la autoridad catalana contra la tortura, explicó que desde hace tiempo viene denunciando que muchas instalaciones de la Guardia Urbana no cuentan con “las condiciones necesarias para garantizar los derechos de los detenidos”.
ERC, ICV, Ciutadans y Guanyem Barcelona pidieron la revisión del caso. La CUP piensa llevarlo al Parlamento para hacer una valoración de unos hechos muy graves que demuestran "una terrible impunidad". Incluso el máximo responsable de seguridad de Barcelona el día de los hechos, Jordi Hereu, pidió que se vuelva a juzgar “si hay nuevos datos relevantes al respecto” y calificó de “correcta” su actuación durante y después de los incidentes.
