El Gobierno niega un canon anual a Rota por las servidumbres de la base

El Gobierno central ha decidido, finalmente, no incluir en los Presupuestos Generales del Estado un canon anual al Ayuntamiento de Rota (Cádiz), gobernado por PP y Roteños Unidos, por las servidumbres que padece el municipio por la existencia y funcionamiento de la base militar de uso conjunto hispano-estadounidense. El Consistorio había llegado a cifrar la cantidad adecuada en 3,5 millones de euros tras encargar una auditoría externa. Pero el Ejecutivo ya ha comunicado al Ayuntamiento que no llegará el dinero tras un informe desfavorable de la Abogacía del Estado, a pesar de la enmienda a las cuentas que presentó el PP de Cádiz.

El Ayuntamiento de Rota confiaba en que podría firmar el convenio marco con el Ministerio de Administraciones Públicas para cobrar este dinero. La auditoría externa fue encargada después del hito de firmar con el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, un acuerdo que permitió al municipio recuperar en 2013 el cobro del impuesto de circulación de vehículos, unos 400.000 euros anuales. La auditoría debía fijar cuánto dinero dejaba de percibir Rota por la población militar que reside en la base y no paga impuestos y por los edificios ubicados dentro que suponen actividad económica no directamente relacionada con la defensa. La empresa calculó un pago necesario de 3,5 millones de euros, aunque también incluía siete millones si se tuviera en cuenta el lucro cesante de la ciudad por motivo de la presencia de Rota, algo bastante difícil de justificar. Por este motivo, el Ayuntamiento siempre ha dado credibilidad a los 3,5 millones.

La alcaldesa confía en que el Ejecutivo central “cumplirá” con el municipio

Pero el Gobierno ha terminado rechazando esa posibilidad, a pesar de las buenas palabras. Un informe de la Abogacía del Estado pone reparos a ese pago que, además, abriría la puerta a otros municipios con presencia militar a similares reclamaciones. La ley de 2002, cuando gobernaba José María Aznar, fue la que determinó que los edificios en el interior de la base están exentos de pagar impuestos. La promesa de Beteta de firmar un convenio marco se ha quedado en suspenso.

La alcaldesa, Eva Corrales, del PP, y su socio, Lorenzo Sánchez, de Roteños Unidos, no han ocultado su descontento aunque confían en que más pronto que tarde se cumplirá su aspiración. En una comparecencia conjunta, Corrales ha salido en defensa del PP. “Estoy convencida de que mi partido cumplirá con Rota”, aunque no ha aclarado cuándo. “Al Gobierno central le quedan algunos meses por delante”. Sánchez ha reclamado el apoyo de todos los partidos. “En esto es imprescindible que haya unanimidad”. Todavía está pendiente el pleno que debe dar el visto bueno a la auditoría que fija la reclamación económica.

Ambos partidos creen fundamental para lograr su propósito que la Administración central dé por bueno que Rota tiene 7.000 habitantes más de los contabilizados en el padrón, que son los estadounidenses que tienen destino en la base naval. De esta manera, la ciudad podría incrementar sus ingresos fijos procedente del Estado. Además, esa cifra se incrementará a partir de este año, cuando está previsto que se queden en Rota dos barcos más para completar el escudo antimisiles de la OTAN, que ha traído un aumento considerable de la población estadounidense, aunque sigue sin generar las tan cacareadas repercusiones en la economía local.

PP y Roteños Unidos piden a PSOE e IU que se sumen a esta reclamación. El próximo lunes ha sido convocada la junta de portavoces, de la que debe salir un documento común que se apruebe en pleno y llegue al Gobierno central como una voz unánime de todo el conjunto político de la localidad.