Juzgan a 35 dirigentes ‘abertzales’ por su presunta relación con ETA
El fiscal pide entre siete y diez años de cárcel para los acusados, entre los que están Pernando Barrena y Juan José Petrikorena
La Audiencia Nacional juzgará a partir de este lunes a 35 miembros de Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) por su vinculación con ETA, a los que la Fiscalía acusa de un delito de integración en organización terrorista.
En su escrito provisional de conclusiones, los fiscales Vicente González Mota y Dolores Delgado sostienen que los acusados se encargaron de contribuir a la estrategia de ETA para lograr que ésta pudiera mantenerse en las instituciones, tras la ilegalización de Batasuna, a través de los diferentes procesos electorales celebrados entre 2005 y 2009.
Entre los acusados que se sentarán en el banquillo se encuentran los exdirigentes de Batasuna Pernando Barrena, Marije Fullaondo y Juan José Petrikorena; la exalcaldesa de Mondragón (Guipúzcoa) Inocencia Galparsoro; las exdiputadas Nekane Erauskin y Karmele Berasategui; y los presidentes de ANV, Kepa Bereziartua; y PCTV, Juan Carlos Ramos.
En junio de 2014 la Sección Segunda de la Sala de lo Penal retiró del procedimiento a Unai Fano, Ibon Arbulu, Imanol Iparraguirre, José Manuel Jurado, Ana Lizarralde y Teresa Díaz de Heredia, al haber sido juzgados por terrorismo en otros procedimientos, entre ellos los de EKIN y Uldabiltza Kursaal.
El juicio se inicia este lunes en la Audiencia Nacional
El escrito del fiscal detalla que "con el fin de eludir la acción de la justicia se pretendió participar ilegalmente en las elecciones mediante candidaturas que actuaran como meros testaferros de Herri Batasuna", tras haber sido anuladas en 2004 y 2005, respectivamente, las candidaturas de Herritarren Zerrenda y Aukera Guztiak.
En cuanto a la "colaboración" entre Batasuna y ANV --escindido del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en 1930--, el escrito detalla que "se compró con la reunión del 24 de enero de 2003 en Barakaldo (Bizkaia)", en un momento en el que Batasuna ya había sido suspendida de actividades, entre Permach e Ibon Arbulu, Antxon Gómez Llorente y Txano Guerrero en representación de ANV.
La citada "colaboración", según el escrito fiscal, se centró en la participación en todas las iniciativas puestas en marcha desde la denominada izquierda abertzale por Batasuna, lo que contempló la firma de manifiestos conjuntos, críticas de resoluciones judicicales que afectasen a Batasuna, homenajes a miembros de ETA o apoyo a manifestaciones y movilizaciones convocadas por colectivos de presos de ETA.
Los miembros de ANV también participaron, según el escrito, en actos orgánicos de Batasuna, pidieron el voto a favor de agrupaciones electorales promovidas desde el partido ilegalizado e implantaron un sistema de tesorería común o caja única entre ANV-PCTV-Batasuna.
Así, existió una "sumisión" de ANV en su actuación política a las directrices marcadas por Batasuna, según señala el escrito, que firman los fiscales Vicente González-Mota y Dolores Delgado. Sobre estos parámetros, se desarrolló una estrategia en función de "tres formas de lucha", la política-institucional, la lucha de masas, y la lucha armada.
En el ámbito de la primera, según la Fiscalía, y además de las mociones sucesivamente presentadas por PCTV en el Parlamento vasco, el peso fundamental recayó en los grupos municipales de ANV y, especialmente, en las localidades en las que controlaban el Ayuntamiento, a través de la convocatoria de consultas ciudadanas y de la constitución de una "red de electos contra el tren de alta velocidad".
Con respecto a PCTV, el escrito recuerda que esta formación se creó como escisión de Batasuna en 2002 y que, pese a que en el artículo 2 de sus Estatutos se afirma que su actividad se realizará "por los medios políticos lícitos", lo cierto "es que esta formación ha sido fagocitada por Batasuna", lo que permitió la continuidad de las actividades ilícitas de ésta a partir de 2005.
Esta situación se produjo incluso a nivel de contratación de personal proveniente del entorno institucional de ETA como a través del uso de fondos que fue desviado a dicho entramado a través de transferencias efectuadas "on line" mediante el sistema de caja común, insiste el Ministerio Público en su escrito.
Los fondos de las cuentas de PCTV cuyo origen son las aportaciones de afiliados y simpatizantes de la izquierda abertzale (entre ellas resaltan las efectuadas por 7 miembros del Parlamento Vasco del grupo PCTV) y las subvenciones públicas a la citada formación por importe entre los años 2002 y 2006 de 1.613.245,59 euros.
Las cuentas se utilizaron, según la Fiscalía, para sacar los fondos fuera de España y del control de las autoridades supervisoras, siendo especialmente relevantes las transferencias por importe de 189.00 euros efectuadas tras ordenar el juez instructor del caso, Baltasar Garzón, el registro del local del entramado en Usurbil (Guipúzcoa).
También constan en diciembre de 2007 traspasos a miembros de Batasuna en Francia y Bélgica por importe de 208.000 euros y las realizadas a miembros de Batasuna y de Jarrai-Haika (juventudes de Batasuna), que se elevaron a 440.000 euros en esas mismas fechas.
Además, y con la finalidad de efectuar los pagos, PCTV contrató como empleados y dio de alta en la Seguridad Social a miembros vinculados a Batasuna o a organizaciones ilegalizadas por su relación con este partido.
