“Pensaba que no tendría que ir a la cárcel si pagaba”

“Yo pensaba que pagando era libre. Pero no”, aseguró ayer Sara González ante decenas de periodistas. La joven, de 29 años, fue condenada a prisión en 2012 por falsedad y estafa al haber utilizado unas tarjetas de crédito que no eran suyas para obtener teléfonos móviles que vendió para comer compulsivamente por sus trastornos de anorexia y bulimia.

 Cinco años después de la comisión del delito, curada de su enfermedad y con dos hijas a su cargo, una de ellas de mes y medio, tendrá que ir seis meses a prisión por no haber pagado a tiempo la multa de 1.440 euros por la que le fue conmutada la pena.

“Un día, me encontré una cartera bajo de un coche y decidí coger móviles por vía telefónica y revenderlos para saciarme con la comida. Desde los 12 años tuve anorexia nerviosa y a los 17 empecé con bulimia”, relató a los medios que se congregaron frente al Hospital de Manises (Valencia), donde permanece ingresada la menor de sus hijas. “Lo de los móviles me dijeron cómo se hacía; yo no sabía. No tenía trabajo y no tenía prestaciones. Sabía que estaba mal, pero no que fuese un delito tan grande”, reconoció.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana explicó ayer que en la sentencia inicial “no se hace mención a ninguna circunstancia personal que pudiera haber alterado su conducta” y que no se presentó ningún texto acreditativo al respecto.

Los informe médicos son posteriores al fallo. El abogado de Sara González, Juan Gargallo, asegura que la sentencia, acordada por conformidad entre las partes, no habla de su enfermedad porque ella reconoció los hechos, aceptó la condena y no alegó en contra. El juzgado obligó a la acusada a pagar 1.440 euros a razón de cuatro euros diarios durante un año para evitar la pena de seis meses de prisión. El Superior asegura que la joven no pagó ninguna cuota.

Sara González sostiene que el impago se debió a un mal asesoramiento de su anterior letrado. “Un día, me llegó una carta diciendo que tenía que pagar 1.440 euros y 720 más. Mi abogado me dijo que no pasaba nada, que iba a hacer un escrito diciendo que era insolvente porque llevaba tiempo sin trabajo. Pero, tiempo después, me llegó otra carta diciendo lo mismo. Asustada, le llamé; al ser mi abogado confiaba. Me dijo que había enviado el escrito de insolvencia y que había sido aceptado, que era libre. Pero tres meses después me llegó una tercera carta que me pedía que ingresara en prisión en cinco días”, explica González.

El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha explicado que, en junio de 2013, se notificó personalmente en su domicilio a la mujer que “en el caso de no pagar, se le revocaría la sustitución de la pena de prisión por multa”. Como este abono no se hizo, el juzgado revocó la permuta en julio de 2013 y le notificó en octubre que debía entrar en la cárcel. Aunque el Superior valenciano explica que la acusada, asesorada ya por su actual letrado, pagó días después de recibir esta notificación, la multa de 1.440 euros le fue devuelta por haberla abonado fuera de plazo. El tribunal afirma que, aunque ahora quisiera pagar, como la permuta continúa revocada y nadie recurrió aquella decisión, la acusada tendrá que cumplir prisión.

A la espera de la resolución de la petición de indulto, los tribunales han denegado la suspensión cautelar de la pena. De no obtener un veredicto favorable en el recurso de amparo que ha presentado hasta resolver la gracia, Sara González entrará en prisión. El secretario de Organización del PSOE, César Luena, anunció ayer que su grupo ha instado a la concesión del indulto.