Cerrojazo a 6.500 viejos comercios

La antigua sala de conciertos del edificio Montano se ha vuelto a quedar vacía. Durante meses, en los ventanales del número 3 de la calle de San Bernardino, en lugar de guirnaldas navideñas colgaban los carteles de liquidación. El espacio que fue testigo de las actuaciones del guitarrista Daniel Fortea o el violonchelista Pau Casals se convirtió hace 44 años en una galería de pintura con una oficina de exportación de productos españoles que, poco a poco, se fue transformando en lo que era, hasta hace tres semanas, la tienda de decoración Rustika. El final de la prórroga marcada por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 les ha obligado a echar el cierre.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) estima que unos 6.500 negocios del tejido comercial de la Comunidad de Madrid (65.000 en toda España) comparten el mismo destino. Los llamados contratos de renta antigua, firmados antes de 1985, se renovaban automáticamente año tras año, con subidas de renta limitadas. Con el paso del tiempo, los alquileres resultaron ser más baratos que los del mercado, lo que generaba un desequilibrio en favor de los inquilinos. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 reconoció el régimen de libre mercado, pero concedió a los inquilinos de renta antigua un plazo de 20 años en los que la renovación ha seguido siendo automática y las rentas no han alcanzado los precios del mercado. Esta moratoria acabó el pasado 31 de diciembre, la fecha límite que tenían inquilinos y propietarios para llegar a un nuevo acuerdo.

Muchos arrendatarios han conseguido negociar un alquiler intermedio entre el que pagaban y el precio de mercado, cuenta la abogada Teresa Campuzano, que ha llevado el caso de varios de los negocios afectados. Algunos arrendadores han preferido que se queden los inquilinos con los que llevan tratando desde hace décadas “porque les ofrecen una garantía de pago”, explica la letrada. Otros se han negado incluso a negociar. Este es el caso de la tienda de muñecas Así, en el número 47 de Gran Vía, o de la camisería Hernando, en el 71. Hace años esta tienda vestía “a los miembros de la Casa Real, de la República y de la aristocracia”, cuenta orgulloso Ángel García, sin dejar de doblar camisas. Lleva 72 años trabajando en este local y a sus “ochenta y pico” ha tenido que liquidar todo el género que le quedaba y colgar el cartel de cerrado. No revela la suma que pretende obtener el arrendador, pero asegura que supone una subida de 800% respecto a lo que paga ahora. La cifra rondará los 50.000 que pide el propietario del local donde se ubica la juguetería Así. En el mismo ventanal donde los niños pegaban su nariz en 1942 para ver los aviones teledirigidos importados desde Núremberg, ahora cuelga un letrero que reza: “Gracias por estos 72 años”.

Un paseo por los barrios del centro descubre otros locales, más pequeños, anónimos para gran parte de la población madrileña, que, sin embargo, forman parte de los recuerdos y del ritmo diario que se vive a unos pasos del ajetreo de Gran Vía. En las paredes del bar Lozano, en el número 14 de la calle de San Joaquín, aún cuelgan las fotos de sus platos combinados. El olor de la parrilla y el precio de las cañas, más asequible que en otros bares de la zona, sigue atrayendo a diferentes generaciones. Vecinos y asiduos a Malasaña volvieron a reunirse en este bar de toda la vida el pasado 30 de diciembre, convocados por la Asociación Gentrisaña, para apoyar a su dueño, José Villamayor, y pedirle que no se rindiera. “Todavía estamos de negociaciones, ya veremos qué pasa a partir del 15”, cuenta el propietario, cansado de que “todo el mundo” le pregunte por su futuro.

“Esta ciudad no existe sin sus bares”, reza una nota publicada en la web de Gentrisaña, que anima a pelear por los “comercios antiguos, tradicionales, o directamente viejos” para que no desaparezca “el verdadero patrimonio social de Madrid”. “Las franquicias de cerveza sin alma y tapas revenidas no pueden funcionar como esos espacios mitad centro social, mitad centro de acogida, mitad plaza pública, y ágora de debate que son los bares en Madrid”, concluye.

En la vecina Chueca, sus residentes también se han puesto en pie de guerra contra la desaparición de los comercios castizos. “Los negocios que están afectados son los más útiles para los vecinos”, explica el presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca, Esteban Benito. “Los dueños de los locales van a ganar más dinero a costa de poner negocios pensados para turistas o gente que viene de fiesta el fin de semana, no para los que hacemos nuestra vida diaria aquí. Es una política de pan para hoy y hambre para mañana. Nos están echando del centro, y dentro de unos años tendrán que emprender iniciativas para repoblarlo”, pronostica.

El cierre de Electricidad Moreno, “el taller de reparaciones de electrodomésticos más antiguo de Madrid”, según su dueño, ha sido uno de los golpes más duros para el vecindario de Chueca. Este año iban a celebrar su 75º aniversario. Intentaron negociar con la propietaria una renta intermedia entre los 200 euros mensuales que pagaban y los 6.000 que pedía ella. Pero “fue imposible”, asegura Juan Moreno en su nuevo local de la calle de Magallanes. Su hijo le sustituyó hace ocho años al frente del negocio familiar. Si no hubiera agotado las dos subrogaciones permitidas por ley, podría haber mantenido las condiciones de su contrato hasta que falleciera. Pero no conocía ese resquicio por el que se han salvado otros comercios, como Licores Madrueño.

Moreno confiaba, como muchos otros, en que el Gobierno madrileño les concediera una prórroga, como han hecho en Barcelona, donde se paralizó el pasado febrero la aprobación de licencias de obra por un año para buscar soluciones con tranquilidad, sin que continuara el goteo de cierres.