Checas en el Estado de derecho

Mientras languidecen las luces de Navidad, el fiscal del caso Pretoria ha hecho públicas sus peticiones. Los convergentes Lluís Prenafeta y Macià Alavedra comparten cartel de presunta culpabilidad en una trama de corrupción urbanística del área metropolitana junto a los socialistas Bartomeu Muñoz, exalcalde de Santa Coloma, y Luis Andrés García, Luigi, exdiputado del PSC. El ministerio público reclama a los acusados el pago de multas y decomisos por valor de 93,7 millones de euros. Pide además penas de prisión para todos ellos que, en tres casos, son de seis años y diez meses y de ocho en el de Luigi, a quien se considera intermediario y conseguidor de los negocios.

Las acusaciones van desde el tráfico de influencias y cohecho al blanqueo de capitales. Los 71 folios de Anticorrupción son un recorrido por el entramado de operaciones, incluyendo dos clásicos —Andorra y las Islas Caimán—, donde los acusados trataban presuntamente de borrar rastros. Hasta hora y a la espera de la celebración de juicio, el caso Pretoria había dejado dos imágenes: la irrupción de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y, sobre todo, la cuerda de presos, camino de la sala de la Audiencia Nacional, encabezada por quienes en otro tiempo fueron la mano derecha de Jordi Pujol. Para decodificar esas instantáneas no faltaron en su momento lecturas políticas sobre la actuación escasamente garantista del juez Baltasar Garzón, ahora ya apartado de la carrera judicial en su calidad de primer condenado por el caso Gürtel. La operación Pretoria ha dado impulso literario al género cuadernos de cárcel. Ahí está el libro El malson. Publicado en 2010 por Columna, ese testimonio narra el súbito despertar al pesimismo panglossiano del expolítico y hombre de negocios Lluís Prenafeta, quien, según ha trascendido hace unos días, preguntó, junto al ex consejero de Gobernación y Economía Macià Alavedra, al personal penitenciario de Soto del Real por qué no tenían hechas las camas de su celda o cuál era el motivo por el que se no se servía vino en las comidas.

El libro de Prenafeta describía el cuartel de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca como algo similar a las celdas de Sant Elies, en la Barcelona revolucionaria. “Es horrible. Una checa. Un auténtico campamento de checas. Tenía la presión disparada. Pregunté: cuando esto acabe, ¿dónde me llevarán? ‘Estará mucho mejor aquí con nosotros que donde le lleven después’. Era un lugar siniestro, ¿Dónde podía estar peor?", concluía.

“Garzón da miedo”, proseguía más adelante el relato. “Todo en él destila un aire extraño que no inspira confianza”. “¿Por qué un magistrado como Garzón, que ha demostrado de manera reiterada que las causas se le escurren entre los dedos, continúa ejerciendo?”, sentenciaba.

“Garzón da miedo”, proseguía más adelante el relato. “Todo en él destila un aire extraño que no inspira confianza”

“Esto es un Estado de terror” que le recordaba a Prenafeta la actuación del fiscal italiano Antonio Di Pietro que “esquilmó el sistema y el país”. “Aquel proceso lo derribó todo”. La pluma acerada del que fuera secretario general de la Presidencia de la Generalitat hallaba una explicación política a su persecución: “La actuación de todos los elementos de la Audiencia deja en evidencia la escasa autonomía judicial de Cataluña. Constata de manera agria quien tiene el poder”.

El relato de Prenafeta tiene valor, pues se trata del testimonio de un hombre liberal, impulsor del foro Catalunya Oberta, enemigo de burocracias y estatismos, y frecuentador de tribunales. En 1990 una investigación de la fiscalía lo abocó a dejar de ser secretario general de la Presidencia, cargo que compatibilizaba con la pertenencia al consejo de administración de Iberia, Compañía Anónima de Seguros. Además, el dimisionario estaba estrechamente relacionado con ocho sociedades, entre ellas la firma Vilassar Internacional, filial de Tipel, perteneciente a su familia. En aquel momento, Prenafeta desempolvó el caso Banca Catalana para recordarle al Gobierno socialista el mal rollo que esa historia de “injurias y calumnias” había dejado entre CiU y PSOE.

La fiscalía general del Estado, encabezada por Leopoldo Torres, neutralizó la iniciativa de Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña y ex fiscal del caso Banca Catalana, y se opuso al a la presentación de la querella. Al final, el caso se mantuvo vivo en los tribunales debido a una rencorosa querella de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Pero un juez llamado Lluís Pascual Estevill la archivó y a lo largo de la instrucción denegó las pruebas demandadas por la acusación por considerarlas superfluas. En premio a su eficacia, CiU envió a Pascual Estevill de vocal al Consejo General del Poder Judicial. Una carrera meteórica que se truncó en seco, pues el magistrado acabó en prisión junto al abogado Joan Piqué Vidal, antiguo defensor de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana. Pascual Estevill fue condenado por extorsionar a lo más florido de la burguesía catalana. Ofrecía resoluciones absolutorias que evitaran la cárcel a cambio de sustanciosas comisiones con cargo a capitales evadidos.

Y es que el poder teje extrañas complicidades, inimaginables incluso en las peores pesadillas.