“La corrupción es un acelerador de la pobreza institucional”

José Luis González Cussac (Valencia, 1960), catedrático de Derecho Penal de la Universitat de València, ha formado parte de diversas comisiones de reforma legislativa del Código Penal y colabora en varios proyectos internacionales sobre criminalidad.

Pregunta. ¿Por qué impartir un curso específico en la Universitat de València sobre corrupción?

Respuesta. La bandera de todos los extremismos es la corrupción, porque es lo que más deslegitima a los sistemas democráticos y es, junto con la inmigración, el enganche que tienen para tratar de entrar en el sistema deslegitimándolo. A partir de ahí vimos que no había ningún curso universitario específico que abordase los puntos de vista del juez, de la Fiscalía Anticorrupción, de los abogados, la Agencia Tributaria, de las unidades policiales especializadas y de los académicos. Este curso trata todas esas cuestiones.

P. ¿Hay más corrupción ahora que hace una década o el fenómeno está ampliado por los medios de comunicación?

R. Las dos cosas. Lo que más me interesó del último informe de Transparencia Internacional es que el 60% de los españoles piensa que se pueden hacer cosas en contra de la corrupción. Eso significa que los españoles hemos llegado a un punto de hartazgo con la corrupción. Creo que falta que los ciudadanos reflexionen sobre su pasividad, que ha sido un caldo de cultivo en el que se han extendido las prácticas corruptas. Ahora que muchos casos de corrupción afectan a personas muy relevantes de la vida política y económica en un contexto de crisis económica se ha desatado la reacción de la ciudadanía.

P. ¿Hay algún rasgo que distinga los casos de corrupción de la Comunidad Valenciana de los que hay en otros territorios?

R. Lo que marca la diferencia es que en esta autonomía han aflorado antes los casos de corrupción de nivel alto, mientras que en otras comunidades han estallado más tarde. En la Comunidad Valenciana llevamos más de diez años de denuncias en la prensa y en la oposición. Cuando hay una concentración muy alta de poder, inevitablemente se acaba en la eliminación de controles, internos y externos, incluidos también los medios de comunicación, y por tanto se duerme a la ciudadanía y parte del empresariado vive con los contratos de las Administraciones públicas. Eso crea un círculo vicioso que tiende a eliminar cualquier voz que lo denuncie. Ahora hay grandes casos de corrupción en todo el territorio, pero no creo que seamos más corruptos que otros.

P. ¿La concentración de poder ha facilitado la corrupción?

R. La idea de la concentración de poder y una ciudadanía muy pasiva, que solo ejerce sus derechos en las elecciones, es determinante. Otra cuestión sobre la que hemos de reflexionar es la de votar partidos que llevan en sus listas a corruptos. Los ciudadanos tenemos esa parte de responsabilidad, de no haber sido más contundentes antes.

P. ¿Es posible cuantificar este tipo de corrupción?

R. Es muy difícil. En España hay algunos estudios pero el indicador de percepción de la ciudadanía es el más importante. Que afloren más casos no significa que haya más corrupción, porque esta se lleva en secreto. Pero hay que tener claro que la pobreza no es la causa de la corrupción. Lo que sí es uno de sus aceleradores es la pobreza institucional. La pobreza es una consecuencia de la corrupción que captura políticas públicas para detraer dinero hacia manos privadas e impedir un mercado verdaderamente libre.

P. ¿En qué han fallado los instrumentos judiciales y policiales a la hora de atajar la corrupción?

R. En el caso español tenemos un grave problema en la Administración de Justicia, que es la que menos recursos recibió en la Transición. Tenemos una carencia muy importante de medios humanos, de formación y de medios técnicos. En delincuencias más graves, como homicidios tenemos un alto nivel de eficiencia, pero para estos delitos de tipo económico se necesitan unos cuerpos policiales muy bien formados. Tenemos unas leyes procesales que son del siglo XIX. Igual que el Código Penal se ha reformado muchas veces, las leyes procesales son arcaicas. Todo eso unido a que la corrupción no era una prioridad y a la percepción ciudadana de que lo que había que atajar era el terrorismo y los problemas de seguridad ciudadana.

P. ¿Qué mecanismos podríamos introducir para reducir al máximo la corrupción política?

R. Aparte de dotar mejor a la Justicia habría que reestrablecer los controles previos administrativos, que se basan en la publicidad y la supervisión de organismos independientes, y reestablecer las prácticas de buen funcionamiento de la Administración. Y luego hay que volver a dotar a las instituciones de fortaleza. Diluir el poder y e impulsar la transparencia con mecanismos de acceso a toda la información que genera la Administración. Eso no garantiza que no haya corrupción, sino que la vamos a reducir y hacer más difícil. Ello impediría que el fenómeno nos afectase en términos de déficit público como ha afectado. Solo con instituciones potentes y ciudadanos activos que puedan acceder a todos los datos es posible reducir la corrupción.