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Privatizada la incineradora de residuos especiales de Constantí

El PSC acusa a la Generalitat de "limpiarse las manos" en una planta de alto riesgo

Instalaciones de la incineradora de Constantí.
Instalaciones de la incineradora de Constantí.JOSEP LLUÍS SELLART

La Generalitat ha vendido esta semana por 23,6 millones la incineradora de residuos especiales de Constantí (Tarragonès) a la francesa Sarp Industries. El presidente de esta compañía, Jean-François Nogrette, y el director de la Agencia de Residuos de Cataluña, Josep Maria Tost, han oficializado el contrato de adjudicación, según anunció el Departamento de Territorio. Por sus características, la instalación es una de las pocas existentes en España. La planta trata residuos que no pueden ser eliminados por vía ordinaria (combustión o soterramiento), como productos tóxicos o peligrosos, tejidos animales de alto riesgo, residuos que contienen azufre o tierras con restos de hidrocarburos, entre otras sustancias. La planta llegó a ser candidata a eliminar el arsenal químico de Siria.

Xavier Sabaté, diputado del PSC en el Parlament, acusa al Gobierno catalán de “limpiarse las manos en una de las instalaciones más sensibles de Cataluña”. Los socialistas consideran que la privatización es un “fiasco” del Ejecutivo de Artur Mas. La Generalitat sacó a subasta la incineradora en octubre a un precio de ganga: un mínimo de 7,37 millones frente a los 42 que se pidió en un primer intento fallido. Esta vez, Sarp Industries realizó la puja más alta y se queda con el negocio.

El PSC preguntará en el Parlament sobre el futuro de la planta. “Si en los años 90 ya se consideró que esta instalación requería tratamiento, vigilancia y compensaciones para el municipio de Constantí, no puede ser que ahora el Gobierno se la saque de encima y nos deje tan desamparados e indefensos”, afirma Sabaté. Este se queja de que la Generalitat no haya conservado parte de las acciones para realizar un seguimiento de las sustancias peligrosas que se tratan. “Ya dijimos en su momento que esta empresa debía continuar teniendo presencia pública en su accionariado, una prevención en la selección de los materiales que trate y sobre los efectos de sus emisiones”, añade Sabaté. Territorio explica que la infraestructura continuará formando parte de la red de empresas gestoras de residuos y sobre las que la Administración realiza controles.

La Generalitat ha vendido la instalación por 23,6 millones a la francesa Sarp Industries

Pese a la importancia industrial y a la complejidad de la planta, la Generalitat llevaba desde el 2013 intentando desprenderse de ella. En enero de ese año, sacó a la venta el 100% de la empresa por 42,2 millones. La venta fracasó, como también un procedimiento posterior con empresas interesadas. El PSC e ICV se quejaron en el Parlament de las intenciones de CiU afirmando que la venta supondría crear un “monopolio” a precio de “ganga” porque la Generalitat, afirmaron ambos partidos, había invertido “más del doble” en la instalación. Ambas formaciones pusieron el grito en el cielo ante el “peligro” de privatizar un negocio de “alto riesgo” para la seguridad ciudadana y el medio ambiente. El Ayuntamiento de Constantí hizo un llamamiento alertando de que, una vez en manos privadas, los controles de emisiones, realizados por la Generalitat y la Universidad Rovira y Virgili, podrían menguar.

La incineradora de Constantí se construyó entre 1995 y 1998 tras demandarla las grandes empresas químicas y petroquímicas que operan a su alrededor. En un principio la infraestructura, que entró en funcionamiento en 2000, era propiedad pública en el 70,7%; Basf tenía el 9,7% de las acciones; Repsol Petróleo, el 5,6%, y Bayer Hispania Industrial, Hoescht Ibérica, Aiscondel y Dow-Chemical Ibérica el 3,5% cada una. Después pasó por completo a manos de la Generalitat. Los activos pertenecían a la empresa pública Ecoparc de Residuos Industriales, sociedad que el Gobierno catalán liquidó el pasado 29 de julio.

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