Policías llevan a juicio por lesiones a un preferentista con una incapacidad

Las manifestaciones de los afectados por las preferentes de las antiguas cajas de ahorros durante 2013 y la posterior represión policial de las protestas derivaron mediado el año en un bucle corrosivo. Las sanciones administrativas y juicios a los portavoces de las plataformas causaban nueva indignación y más enfrentamientos con la autoridad, perseguidos a su vez, y así sucesivamente. En una vista en Tui en mayo en la que se juzgaba a Xulio Vicente, de O Rosal, por llamar gorila a un policía local —fue absuelto— otro manifestante acabó por los suelos a la puerta del juzgado, sepultado por los agentes. Dos de ellos le reclamaron ayer 1.700 euros de indemnización por lesiones en un nuevo juicio.

La peculiaridad en este caso es que el acusado es un hombre con una incapacidad del 68% a raíz de un accidente de moto. Lois Bahúlo, de Cambados, invirtió los en torno a 50.000 euros que consiguió de indemnización por el siniestro en las preferentes y cuando se destapó el escándalo se unió a la plataforma. Se le podía ver en la mayoría de manifestaciones, alto, con pantalones a rayas y mochila.

Cuando en marzo del año pasado el PP de Pontevedra organizó su congreso provincial en el resguardado recinto de la Semana Verde de Silleda (Pontevedra), Bahúlo llegó a coger una garrafa de agua y verterla sobre uno de los agentes de la Guardia Civil que formaban el cerco para impedir a los manifestantes el acceso a las instalaciones donde estaban reunidos los dirigentes populares. El incidente también iba camino del juzgado, pero la vista se acabó suspendiendo.

En el caso de Tui su responsabilidad estaba bastante menos clara. En un vídeo de La Sexta se le puede ver en el suelo, reducido y pegando gritos, con dos policías encima. “Dijeron que fui yo quien les pegó a ellos”, protestaba ayer tras el juicio. En la vista admitió, no obstante, que cuando estaba en el suelo le pegó un mordisco a uno. “Es un reconocimiento parcial de los hechos de una persona con una enfermedad bastante severa, que le puede producir convulsiones y un shock en caso de ataque nervioso”, explicó su abogado, Carlos Alonso. La fiscalía se limitó a pedir 30 euros de multa y 220 de indemnización para cada agente por faltas de desobediencia y lesiones. Los policías reclamaban 1.700 euros de compensación.

Fuera del juzgado esperaban, una vez más, un grupo de afectados por las preferentes. Como la mayoría ya han recuperado sus ahorros con el advenimiento de Abanca —Bahúlo aún tiene 1.800 euros en preferentes pendientes de juicio—, sus integrantes están centrados ahora en denunciar las arbitrariedades de las decenas de multas que empezaron a recibir a mitad de 2013 por pretendidos excesos en sus manifestaciones, según Xulio Vicente, portavoz de las preferentes de Baixo Miño, por una maniobra concertada de represión. En el caso de Bahúlo, achaca que el proceso siguiese adelante a un empeño personal del alcalde de Tui, el popular Moisés Rodríguez.

A la espera de sentencia, los afectados encaran 2015 con cierto optimismo respecto a los juicios del orden contencioso-administrativo que se irán celebrando sucesivamente hasta mayo, instados por ellos para que se anulen por infundadas las sanciones administrativas impuestas, que suman unos 20.000 euros. La primera tanda, que se celebró en diciembre, ha sido favorable a sus intereses.