Sanidad y Educación contratan las sustituciones sin cumplir las normas
La Intervención dice en su informe de 2013 que se debilita el servicio público
Las sustituciones del personal de la Generalitat no cumplen con los requisitos establecidos por la propia Administración valenciana. El informe de la Intervención General de la Generalitat constata que en los presupuestos de 2013 las sustituciones se cubrieron, en muchas ocasiones, sin comprobar si el personal contratado cumplía con los requisitos adecuados. La Intervención alerta de que estas prácticas debilitan los servicios públicos.
Según la Intervención, “en las sustituciones en general de educación, bienestar social y sanidad se constata la ausencia de diversa documentación justificativa imprescindible”. “Tanto en Sanidad, como en Educación es frecuente que no se aporte el documento que acredite la procedencia del sustituto en una bolsa de trabajo y, en alguna ocasión, no se aporta documentación acreditativa tal como el DNI o la titulación correspondiente para el desempeño del puesto”, recalca.
La falta de control obliga a realizar contratos solo para guardias médicas
El informe detalla situaciones en las que se produce una vulneración generalizada de los requisitos, como en la Consejería de Educación donde las contrataciones se realizan sin que los sustitutos acrediten el conocimiento de valenciano tal y como reclama el requisito lingüístico para la provisión de plazas docentes no universitarias.
En Sanidad las irregularidades en la planificación, gestión y control de las guardias médicas son habituales, según la intervención. “En la realización de guardias médicas no se asignan a todos los facultativos las tres guardias obligatorias”, prosigue el informe, “mientras que en centros gestores con residentes no se alcanzan las siete guardias mínimas que exige su periodo formativo”.
Para los auditores, la falta de control y de una planificación eficiente se traduce en “la contratación de personal eventual para la realización exclusiva de guardias, los denominados contratos 900, sin que quede justificada la imposibilidad de cubrir todas las guardias con el personal de plantilla a través de las guardias obligatorias”.
Dotaciones insuficientes
El informe correspondiente a las cuentas de 2013 es especialmente duro con el gasto sin consignación presupuestaria de la Consejería de Sanidad y señala que la concentración a la hora de presentar, por parte de esta consejería, los nombramientos realizados y las incidencias en nómina hace “inviable su fiscalización” de manera razonable por parte de los auditores. La tramitación masiva de propuestas es considerada como una “obstrucción a la función fiscalizadora de la Intervención”, que “impide alcanzar conclusiones adecuadas” y pone en duda “el proceder transparente” de la Consejería de Sanidad. El órgano de control interno de la Generalitat también pone el acento en la existencia de partidas presupuestarias insuficientes para prestar obligatoriamente determinados servicios. Una situación que no se da solo en la Consejería de Sanidad. El interventor constata que la Consejería de Gobernación consignó en 2013 partidas presupuestarias insuficientes para atender el coste real de los servicios, lo que supuso la tramitación de modificaciones presupuestarias de manera inmediata o anticipos de caja fija improcedentes.
La situación adquiere mayor gravedad en centros como el hospital La Fe de Valencia, donde no se realiza ningún seguimiento de las sustituciones y se desconoce el crédito disponible y el gasto mensual.
El documento alerta también sobre la tentación de recurrir a la encomienda de funciones propias de la Administración a empresas públicas con el objetivo de “suplir deficiencias de plantilla de carácter permanente”. Una situación que ha llevado a sindicatos como la CGT a ganar sentencias por la utilización de personal de Vaersa para realizar tareas propias de los funcionarios de la Consejería de Infraestructuras. “Con la finalidad de evitar el reconocimiento judicial de una cesión ilegal de trabajadores, los documentos en que se plasmen las condiciones de las encomiendas han de determinar con precisión las prestaciones a realizar, que deben encontrarse perfectamente deslindadas de la actividad” del personal de la entidad contratante, advierte el informe, que recalca que estas encomiendas no se pueden utilizar para “encarecer injustificadamente” las prestaciones realizadas por una empresa pública o concederle una ayuda pública, a través de márgenes de rentabilidad inadmisibles.
A pesar de las recomendaciones que habitualmente realiza la Sindicatura de Comptes, la Intervención General en su control de las cuentas de la Generalitat de 2013 también detecta prácticas indeseables, como el fraccionamiento de los contratos “para eludir las exigencias relativas a publicidad o procedimiento de adjudicación”.
La utilización del dinero de la caja fija, destinado a atender dietas, gastos de locomoción, material, conservación y otras necesidades siempre que el importe unitario no supere los 12.000 euros, tampoco resulta eficiente, según la Intervención. En su informe, los interventores alertan de que gastos como el agua, la energía, el teléfono, los servicios postales o el combustible deberían ser considerados como “gastos plurianuales” y, por tanto, no deberían ser abonados de la caja fija.
