Castedo deja en Alicante una ciudad sin proyecto y etiquetada de corrupta

La dimitida Sonia Castedo, doblemente imputada por cinco delitos, deja un legado en Alicante que ofrece más sombras que luces. La alcaldesa del PP que dijo que pondría a la ciudad “guapa, guapa y guapa”, apenas ha terminado en seis años ninguno de los proyectos anunciados por su predecesor y mentor Luis Díaz Alperi, también imputado en casos de corrupción. Alicante está levantada en obras que llegan tarde, intervenida por el Gobierno central, con 170 millones de euros de deuda y una mancha de irregularidades derramada sobre un plan general urbano, bloqueado en Valencia y mirado con lupa por la justicia.

El urbanismo de la ciudad es el principal suspenso de Castedo, responsable del mismo desde 2007, primero como concejal y luego como alcaldesa. No solo no ha sido capaz de adecuar el diseño de la ciudad a los nuevos tiempos, creando una urbe que se ha diseminado sin orden por el territorio, sino que su dibujo urbano ha acabado por enterrarla en términos políticos. Las razones de su dimisión el pasado martes, vía Internet, están cimentadas en torno a presuntos amaños del plan general de Alicante, denunciados por la policía y la fiscalía.

Alicante pudo ser Niza (ciudad emblema de la Costa Azul francesa) y acabó en obras, dijo en un off the record un hotelero para describir el estado de la ciudad. La belleza de las calles alicantinas es una cuestión que divide a la ciudadanía entre los defensores y detractores de Castedo. Opiniones como la del primer vicealcalde, Andrés Llorens, calificando de “innegable el embellecimiento generalizado de la ciudad”, contrastan con las vertidas desde el Colegio de Arquitectos a la Universidad o el mundo del comercio, más acordes con el diagnóstico que la oposición viene realizando hace años: la ciudad ha sido construida por intereses promotores más que por un proyecto común, muchas veces arrasando con el patrimonio arquitectónico propio.

La ciudad acumula una deuda que alcanza los 170 millones de euros

La millor terreta del món, que reza el himno local, ha estado en los últimos meses en boca de todo el país precisamente por la relación de dependencia que mantiene con el empresario, Enrique Ortiz, máximo contratista municipal y supuesto beneficiario de las irregularidades cometidas por la alcaldesa. La ciudad, que siempre se pensó amable y sencilla para el visitante, ha vivido una suerte de hecatombe publicitaria en los últimos meses de la era Castedo al convertirse en un referente televisivo más de la corrupción valenciana, comentado en tertulias que tan pronto tratan de política como lo hacen del corazón.

Castedo se va del Ayuntamiento pero en Alicante se queda Ortiz. Con unas cuentas intervenidas por el Estado, solo las contratas del empresario han crecido en unos presupuestos con unos recortes en materia social y de empleo que merecieron alegaciones y protesta de todos los trabajadores sociales municipales. Son los presupuestos del empresario, a tenor de las cantidades repartidas. De los 240 millones de euros que los alicantinos gastarán en 2015, casi 45 millones irán a parar a empresas del constructor que despachaba por teléfono con la alcaldesa asuntos públicos como si fueran propios, tal como testimonian las escuchas policiales que sustentan toda la acusación del denominado caso Brugal.

Castedo se va del Ayuntamiento pero en Alicante se queda Ortiz

“Y se va convirtiéndonos en el vertedero del sur de Valencia”, apostilló Miguel Ángel Pavón, concejal de Esquerra Unida. La ex alcaldesa concurrió a las elecciones en 2011 con la promesa de que el basurero municipal no enterraría más que las 100.000 toneladas de residuos generadas por los alicantinos y, sin embargo, se va permitiendo que las comarcas del sur de Valencia viertan 150.000 toneladas más en un planta de tratamiento que, también, gestiona Enrique Ortiz.

Castedo, que en 15 años ha pasado de ser auxiliar de prensa municipal a primera regidora, se marchó el día que los sindicatos municipales se levantaron de la mesa de negociación de la relación de puestos de trabajado (RPT), tras años denunciando que la RPT solo se mueve en función de intereses sectarios. Castedo quiso ser la alcaldesa con mayúsculas de la ciudad, y sin embargo ha restado presencia al municipio como capital.

Por un localismo mal entendido se ha enfrentado a la Generalitat para reducir su cuota presupuestaria en el transporte interurbano que conecta la ciudad con el resto de la comarca. Hizo lo propio con Benidorm, al negarle una conexión directa con el tren de alta velocidad. Y no ha cuajado ni un solo proyecto para revitalizar el eje formado por Alicante y Elche. Ni siquiera cuando las dos ciudades han tenido el mismo color político, ambas gobernadas por el PP.