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10.000 dependientes mueren en Barcelona a la espera del subsidio

Cerca de 6.500 ancianos aguardan para acceder a una residencia pública

Jessica Mouzo

El tedioso periplo que fija la ley de Dependencia para acceder a alguna de las prestaciones que contempla la legislación ha dejado a centenares de personas en el camino. Concretamente y según confirmó la consejera de Bienestar Social, Neus Munté, en una respuesta parlamentaria, desde que se puso en marcha la ley en 2007, 10.074 barceloneses con la dependencia aprobada fallecieron a la espera de que la Generalitat les hiciese un Programa Individual de Atención (PIA), es decir, aguardando a que se les asignase la prestación adecuada a su estado y grado de dependencia.

Los retrasos en los procedimientos aumentan y los tiempos en las tramitaciones se alargan por encima de lo que dicta la norma. Todo ello, sumado a la tardanza en la concesión de los servicios, la falta de recursos para afrontar las demandas de los solicitantes y los impagos de las ayudas, ha favorecido las bajas a medio camino, según los expertos. “La situación de la ley es acorde a la situación financiera de la Generalitat. La falta de recursos condiciona totalmente el desarrollo de la normativa”, apunta Alberto Caballero, trabajador social del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Cataluña.

Según Bienestar, el tiempo medio de espera en Barcelona desde que una persona presenta la solicitud de valoración de la dependencia hasta que el Servicio de Valoración de la Dependencia de la Generalitat (SEVAD) evalúa su grado de autonomía y se lo notifica supera los tres meses. En Barcelona, 630 de las 2.129 personas que esperaban la valoración de su grado a finales de junio de 2014 estaban fuera del tiempo que establece la normativa.

La lista de espera para tener plaza en un geriátrico puede llegar a dos años

Con todo, una vez reconocida la dependencia, el usuario tiene que esperar una media de seis meses para que los servicios sociales le elaboren el PIA correspondiente a su estado. Pese a la diligencia de los trabajadores sociales en la parte administrativa, los expertos alertan de que el tapón y los grandes retrasos se forman al hacer efectivo el PIA porque ni la Generalitat ni el Gobierno central tienen capacidad financiera para afrontar los costes que supone sustentar la ley. Más de 2.300 barceloneses con el PIA aprobado aguardaban en lista de espera a finales de junio para recibir su prestación.

“Hay que recordar que el Real Decreto-ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad establece que las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar quedan sujetas a un periodo de suspensión de dos años”, reconoció en la respuesta parlamentaria Munté.

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También el acceso a una plaza pública en residencias para mayores está colapsado por la avalancha de solicitudes. Casi 6.500 barceloneses están en lista de espera. “La única forma por la que se está rebajando la lista de espera es porque la gente fallece. No se han ampliado plazas públicas y cada vez están cerrando más centros por causas económicas, por la asfixia de las deudas”, señala Iñaki Antón, vicedirector de la Asociación de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad). Según Antón, la lista de espera para acceder a una plaza en Barcelona puede alcanzar los dos años.

Los expertos aseguran que la suspensión —primero temporal por dos meses y luego permanente— en verano de 2013 de la Prestación Económica Vinculada (PEV), que ayuda a costear una plaza privada mientras se consigue una cama en la pública, enquistó todavía más el problema de las residencias. Las familias dejaron de pagar o sacaron a sus ancianos del geriátrico y los responsables de los centros se endeudaron más. Aunque hace un par de meses la Generalitat dio instrucciones de reactivar estas prestaciones, solo se han abierto a usuarios valorados como grandes dependientes, de grado III. “Se reactivan solo para casos excepcionales, de urgencia social. Esto agrava más el problema porque aumenta la mortalidad de las personas en sus casas”, apostilla Antón, quien alerta de que cada vez los ancianos entran en peores condiciones a los geriátricos.

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Sobre la firma

Jessica Mouzo
Jessica Mouzo es redactora de sanidad en EL PAÍS. Es licenciada en Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela y Máster de Periodismo BCN-NY de la Universitat de Barcelona.

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