Más de 10.000 parejas de hecho valencianas están en un limbo legal
El 82% de las uniones no se han adaptado a la ley autonómica de 2012
“Un día de 2009 mi pareja y yo decidimos formalizar nuestra relación y nos inscribimos en el Registro de Uniones de Hecho (…) Otro día de 2012 la Generalitat Valenciana decide que pone en marcha una nueva ley donde las parejas deben inscribirse de nuevo, previo pago de 60 euros. Entretanto, todas las parejas de hecho existentes dejan de serlo. Nos convertimos en parejas de deshecho”. Pedro Alberto Bravo, un vecino de Castellón, relató así en una carta al director su sorpresa e indignación al conocer no solo que la unión que formalizó con su pareja hace más de cinco años no valía, sino que además, cuando la regularizó, perdió “de un plumazo” tres años de convivencia.
“Nos convertimos en parejas de deshecho”, dice un afectado
Las Cortes Valencianas aprobaron en octubre de 2012 una ley autonómica que derogó la ley anterior de 2001. Con ello suprimió el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana y creó uno nuevo, el de Uniones de Hecho Formalizadas. El Gobierno valenciano dio un plazo de dos años para que todas las parejas se adaptaran a la nueva legislación. El problema es que muy pocos parecen haberse enterado y, quienes lo han hecho, se han topado con la sorpresa de que solo se les reconoce como pareja a partir de esa nueva ley. Toda convivencia anterior ha sido anulada.
Bravo explica que se enteró por casualidad a principios de este año de que debían registrarse de nuevo. “Lo hicimos, pagamos los 60 euros y la sorpresa vino después”, dice. La Consejería de Gobernación y Justicia solo les reconoce como pareja desde la entrada en vigor de la nueva ley, esto es, desde el 18 de noviembre de 2012 y no desde 4 de marzo de 2009, cuando acudieron con sus padres como testigos a inscribirse como unión de hecho. “¿Y todo el periodo anterior? ¿Se esfumó?”, se pregunta. Tanto él como su pareja sienten que se les ha robado un “tiempo legal” de convivencia y un derecho adquirido. “A la hora de que un juez dicte una relación de pareja hay que acreditar cinco años. Y de un plumazo nos han quitado tres”, lamenta.
Su situación no es una excepción. Más de 10.000 parejas de hecho de la Comunidad Valenciana están en un limbo administrativo. El 82% de las uniones inscritas desde el año 2000 no han regulado su situación a la nueva de 2012. Aquella ley fijó un periodo de dos años para que todos los inscritos lo hicieran de nuevo. El plazo acabó el pasado mes de octubre. Según los datos facilitados por la Consejería de Gobernación y Justicia, desde el año 2000 hasta 2012 había 12.970 parejas registradas. Desde ese año hasta el pasado 5 de diciembre, apenas se contabilizaron 2.250 inscripciones (contando las nuevas altas y las adaptaciones). Desde la consejería apuntaron que se ha prorrogado el plazo para que todas las parejas legalicen su situación hasta marzo del próximo año.
Una ley polémica
La Ley de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunidad Valenciana aprobada en octubre de 2012 con los votos del PP fue una norma polémica desde el principio. La oposición se negó a apoyarla porque no incluía cuestiones como el derecho a la adopción y acogimiento, entre otras cosas. Tras su aprobación en las Cortes Valencianas, el Gobierno la recurrió ante el Tribunal Constitucional al estimar que la norma regulaba instituciones civiles en materia de uniones de hecho que carecían de antecedentes en el ámbito de la legislación civil valenciana y que excedía sus competencias para la “conservación, desarrollo y modificación del derechocivil foral valenciano” . También por vulnerar las competencias exclusivas del Estado en materia civil.
En septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional admitió el recurso y suspendió la aplicación de la ley de forma cautelar. Solo tres meses después acordó levantar la suspensión y la ley volvió a estar en vigor salvo su artículo 14, relativo a derechos hereditarios. Su entrada en vigor ha pasado desapercibida para las cerca de 13.000 parejas de hecho registradas como uniones antes de este nuevo texto.
José Soriano, miembro de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) y experto en temas de Familia, confirma el alto grado de desconocimiento de esta ley y atribuye el error a los consistorios por no informar. No obstante, indica que no habría mucho problema a la hora de probar ante un juez que la antigüedad como pareja es de cinco años (necesario para, por ejemplo, cobrar pensiones) porque existen otras vías para demostrar la convivencia más allá del registro. Incluso valdría la primera inscripción. Eso sí, se requeriría un esfuerzo extra para intentar demostrarlo por vía administrativa primero y acudiendo al contencioso-administrativo después.
Pedro Alberto Bravo y su pareja acudieron al Defensor del Pueblo y recurrieron en alzada para que se les reconociera su unión desde 2009. La respuesta de la consejería fue que los efectos retroactivos solo son hasta el 18 de noviembre de 2012.
