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Con trabajo, pero sin sueldo

Los empleados de la Escuela de Hostelería de Cádiz cobran sus nóminas tras siete meses de retrasos

Trabajadoras de la Empresa Municipal de Recaudación protestan en un pleno de Los Barrios
Trabajadoras de la Empresa Municipal de Recaudación protestan en un pleno de Los Barriosandrés carrasco

2014 será un año de nefasto recuerdo para ellos. 15 trabajadores de la Escuela de Hostelería de Cádiz han pasado siete meses sin cobrar. Recibieron finalmente sus sueldos esta Nochebuena tras meses de angustia. Una angustia que permanece en sus compañeros de la Escuela de Hostelería de Islantilla (Huelva), que llevan 11 meses sin cobrar. El mismo agobio sufren los monitores educativos, un colectivo de 800 personas en Andalucía que, a pesar de haber conseguido la recolocación gracias a contundentes sentencias, la mayoría no ha vuelto a sus puestos. Algo similar viven funcionarios municipales de pueblos gaditanos como Barbate, Alcalá de los Gazules o Puerto Serrano. Tienen que ir a sus puestos cada día pero sin saber si al final de mes cobrarán o no. Es la crueldad de su situación. Deben dar gracias por tener un empleo aunque no les sirva para ganar dinero.

La Escuela de Hostelería de Cádiz no sirve menús. Ya no hay clases de cómo preparar recetas sofisticadas ni de protocolo. El curso no se ha reanudado debido al conflictivo traspaso de este centro de formación desde la Consejería de Empleo a la de Educación. La anterior gestión está llena de dudas legales sobre el uso de los fondos autonómicos y europeos que percibía y la falta de justificación de algunos gastos y de organización llevaron a la necesidad de cambiar su funcionamiento.

“Estamos viviendo algo rocambolesco”

Nuria, Pilar, Carmen e Isabel son empleadas de la Empresa Municipal de Recaudación de Los Barrios (Cádiz) que realizan su labor para el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación y que este mes cumplen tres años trabajando y sin cobrar. Las cuatro están pendientes de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) presentado por la Diputación a una sentencia que las declaró trabajadoras de la entidad provincial. Pero ni esta Administración ni el Ayuntamiento abonan sus nóminas, porque la empresa está en vías de disolución y bajo el control de un administrador concursal. "Estamos viviendo algo rocambolesco, porque el administrador concursal no pone impedimento para que se ingresen los casi 250.000 euros que nos deben", afirma Pilar Ruiz, empleada desde 2003.

“Tanto Ayuntamiento como Diputación, se lanzan la pelota en sus tejados, sin que nos den una solución y tememos que recurran la sentencia del TSJA y esto se alargue más”, añade Ruiz. Nuria Román, a quien también deben 36 nóminas, ha tenido que mudarse con su hijo a casa de unos amigos. Sólo recibe 250 euros mensuales del padre del niño, por lo que tuvo que marcharse de su casa para alquilarla y así poder pagarla. “No puedo acogerme a ninguna ayuda social, porque tengo un trabajo y una nómina, aunque no la cobre”, lamenta.

Román cree que las cuatro están “envueltas en una guerra política”, de la que culpa al alcalde de Los Barrios, el andalucista Jorge Romero, que ha “dilapidado todo lo que había creado el anterior equipo del PSOE”.  Mientras que“lamenta” la situación e insiste en que “las trabajadoras dependen de la Diputación”.

“Tengo mi hipoteca y las facturas que me inundan. Aunque mi marido está trabajando, su sueldo no es muy alto y los planes que teníamos se han ido al traste”, comenta Isabel Cazorla, otra de las afectadas, casada y con dos hijos de 2 y 4 años

Educación se ha encontrado con unos interventores que, en medio del pánico que la investigación de los ERE fraudulentos ha causado en la Junta, no pasan ni un papel que no tenga todas las garantías administrativas. Así que los sueldos empezaron a retrasarse el año pasado y el curso se suspendió varios meses, igual que ha ocurrido en 2014. La acumulación de siete nóminas impagadas fue lo que llevó al colectivo de 15 trabajadores a encerrarse en el edificio.

El consejero de Educación, Luciano Alonso, se comprometió a pagar la semana pasada pero sólo se ingresó una cuarta parte de lo previsto y, además, el dinero fue bloqueado por Hacienda y la Seguridad Social. “Nos hemos llevado un palo tremendo. Es algo muy cruel decirnos que nos van a pagar y, al final, quedarnos sin dinero”, lamentó el portavoz de los empleados de la escuela de Cádiz, Juan Ramón González.

La Junta se ha quedado sin excusas para explicar estos retrasos. Ni siquiera el argumento de la complejidad burocrática sirve porque en La Cónsula, la escuela de Hostelería de Málaga, sí se ha podido llegar a una solución para que funcione. “La Junta lo ha hecho muy mal. Alguien debería responsabilizarse de esta situación. No nos sirve que ahora nos pidan perdón”, se queja Juan Ramón González. Pero la Junta en Cádiz defiende su papel. “La situación es más positiva que en otros sitios. Hay que poner en valor que la escuela no cierre y que no hay que despedir a nadie”, dice el delegado Fernando López. La Junta transfirió las nóminas el pasado día 24, lo que permitió que los profesores abandonaran el encierro y pasaran la Navidad en sus casas. Islantilla espera.

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Con contratos pero sin sueldos siguen los monitores de colegios públicos, un colectivo de 800 personas en Andalucía, al que varias sentencias dieron la razón tras haber sido despedidos. Algunos de esos fallos acusaban a la Junta de haber tenido a estos administrativos en régimen de semi esclavitud e instaba a Educación a recolocarles cuanto antes. 2014 termina sin que esas sentencias se hayan cumplido. Los nuevos puestos se han ido publicando en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) pero en Cádiz, donde se produjeron las primeras denuncias, ni siquiera ese trámite se ha cumplido. “Las condiciones van a mejorar mucho, se nos dobla el sueldo, nos van a pagar el salario de tramitación, vamos a tener estabilidad. El problema es que no sabemos cuándo será”, lamenta la portavoz del colectivo, Esther Porquicho. Llevan más de un año sin cobrar.

Es una situación de incertidumbre la que viven también los empleados públicos de Barbate, Alcalá de los Gazules o Puerto Serrano. La asfixia económica que sufren estos Ayuntamientos impide pagar con normalidad a sus plantillas.

En el caso de Barbate no es nada nuevo. En 2011 ya se organizó una huelga indefinida por los continuos impagos y este año ha vuelto a ocurrir. La Cámara de Cuentas ha alertado de que la asfixia que sufre la localidad de Barbate, con todos sus ingresos retenidos por su elevada deuda, puede provocar un colapso financiero. 300 empleados viven cada mes con la angustia de saber si cobrarán o no.

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