EU recurrirá el archivo del ‘caso Calatrava’ y pide imputar a Camps
“Entes políticos” modificaron el contrato, apunta el juez
Esquerra Unida quiere llevar ante los tribunales al expresidente valenciano Francisco Camps y al exconsejero de Economía Gerardo Camps para cerrar el círculo de la investigación realizada por el juzgado de Instrucción 5 de Castellón sobre las presuntas irregularidades en torno a la contratación de Santiago Calatrava para una obra en esta ciudad. El juez decidió el pasado lunes archivar provisionalmente la causa al no tener expectativa de obtener nuevos datos inculpatorios y a pesar de que los indicios que motivaron la apertura de la causa “siguen existiendo”.
En el escrito, el juez instructor destacó que la Sociedad Pública de Proyectos Temáticos (SPTCV) que formalmente contrató a Calatrava para una obra de 60 millones no tenía “voz ni voto en las decisiones relevantes”. Recalcó además que no ha logrado saberse quién eligió a este arquitecto y no a otro, ni quién dirigía las instrucciones “para perfilar no solo los extremos del contrato, sino el contenido básico del mismo”. Según el juez, hubo “entes políticos” que pudieron modificar lo inicialmente pactado y ordenar el pago de los 2,7 millones por el anteproyecto, proyecto básico y máster plan a pesar de admitir que el proyecto presentado superaba con creces el presupuesto.
En la instrucción no se ha precisado quiénes fueron estos responsables políticos porque ninguno de los imputados o testigos lo ha señalado, pero el juez apuntó a dos partes. Una, el Ayuntamiento de Castellón (con Alberto Fabra como alcalde), porque tuvo “la capacidad suficiente” para determinar el contenido de la obra con un escrito (sin sello de salida ni firma, pero asumido por la SPTCV) que implicaba triplicar el coste. Y, por otro, los “responsables políticos” de la Generalitat. “Parece que fue el propio presidente (Francisco Camps) quien, en conversación mantenida con Santiago Calatrava, parece apoyar la propuesta de edificación remitida desde el Ayuntamiento (y que implicaba el importante sobrecoste)”, se lee en el auto. También apunta a Gerardo Camps por ser quien ordenó los últimos pagos en plena disputa por parte de la SPTCV para que Calatrava se ciñera a los 60 millones iniciales. El juez recuerda que este pago se hizo junto a un escrito en el que se dice a los abogados del arquitecto que el contrato no se ha cumplido.
Sombras en la causa
Contratación. El juez dicta que la contratación de Calatrava fue legal pero no se sabe quién tomó la decisión ni por qué se le eligió a él ("más allá de lo evidente") porque no hay ningún informe que justifique su contratación por encima de cualquier otro arquitecto.
Negociación. Al instructor le llama "poderosamente la atención" que no haya documentación alguna sobre cómo se hizo la negociación para una obra de 60 millones.
Falta de rigor. La SPTCV no supervisó ni controló que el arquitecto no sobrepasara el presupuesto.
El portavoz de Esquerra Unida en las Cortes, Ignacio Blanco, anunció ayer que su grupo (personado como acusación popular) recurrirá el archivo y que pedirán la imputación de Francisco Camps y Gerardo Camps “porque son los elementos políticos que el propio auto dice que intervenían por encima de los que contrataban formalmente a Calatrava”. Si la petición es aceptada, el caso pasaría a otros tribunales por ser aforados.
La coordinadora general del PP, Isabel Bonig, pidió por su parte la dimisión de Blanco tras la decisión judicial.
El auto, no obstante, es toda una crítica a la gestión que la Generalitat hizo del dinero público en el que el juez muestra su “perplejidad” por cómo se llevó el proceso y por la “falta de rigurosidad” que se refleja, entre otras cosas, en la no supervisión de un proyecto del que ya sabían que iba a superar los 60 millones. Sin embargo —sostiene el juez— en los delitos contra la Administración Pública no existe una regulación similar a los societarios, por lo que “el simple despilfarro o la inadecuada gestión” no son por sí mismos constitutivos de delito.
