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Once detenidos por poner bombas en cajeros y catedrales

Los arrestados pertenecen a una organización anarquista y están vinculados al movimiento okupa

Uno de los detenidos en la calle de Sant Andreu en Barcelona. GIANLUCA BATTISTA / VIDEO: ATLAS

La Audiencia Nacional puso ayer en marcha una operación policial en la que los Mossos d’Esquadra detuvieron a 10 personas en Barcelona, entre ellas un bombero del Ayuntamiento, acusadas de pertenecer a una organización de carácter “anarquista a la que se le atribuye diversos atentados con artefactos explosivos”. La Guardia Civil realizó, en la misma operación, un arresto en Madrid.

La actuación, bautizada como Pandora, se ejecutó por orden de Javier Gómez Bermúdez, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. En la operación fueron detenidas siete mujeres y cuatro hombres de edades comprendidas entre 31 y 36 años y de nacionalidad española, uruguaya, italiana y austriaca.

La actuación movilizó a la práctica totalidad de la brigada móvil de los mossos (los antidisturbios), más de 450 agentes, que realizaron a partir de las 5.30 de ayer hasta 13 registros domiciliarios, 11 de ellos en Barcelona, uno en Sabadell y otro en Manresa. La Guardia Civil realizó también otro registro con un detenido en Madrid.

El grueso de la operación se efectuó en el centro okupa conocido como Kasa de la Muntanya, situado en el número 33 de la avenida de Santuari de Sant Josep de la Muntanya, en el barrio barcelonés de Gràcia. También registraron varios ateneos libertarios de la capital catalana, concretamente los del barrio de Sant Andreu y el del Poble Sec.

Fuentes cercanas a la investigación aseguraban ayer que los detenidos están vinculados a la comisión de diversos atentados perpetrados en los años 2012 y 2013, sobre todo en la colocación de explosivos en cajeros automáticos de sucursales de bancos italianos.

También se atribuye a la misma organización, bajo el nombre Comando Insurreccional Mateo Morral, la colocación de un explosivo en la catedral madrileña de La Almudena, el 7 de febrero de 2013. El grupo también hizo supuestamente otro tanto el 3 de octubre siguiente, cuando colocó un artefacto en la basílica de El Pilar en Zaragoza. Las dos bombas eran de fabricación casera. La rápida intervención del Cuerpo Nacional de Policía Nacional evitó que en ninguno de los dos casos se registraran heridos. Fuentes cercanas al caso apuntan que el grupo pretendía, además de cierta publicidad, causar el terror entre los feligreses en ambos templos.

La policía detuvo en Barcelona a mediados de noviembre de 2013 a dos ciudadanos chilenos acusados de ser los autores materiales de la colocación de la bomba en El Pilar y a una colaboradora italiana. Los dos arrestados eran Mónica Andrea Caballero Sepúlveda y Francisco Javier Solar Domínguez, ambos naturales de Santiago de Chile. La supuesta colaboradora es Valeria Giacomon, de Trento.

Las informaciones obtenidas tras aquellas detenciones fueron la semilla que desembocó en la operación dirigida ayer en Barcelona por el juez Gómez Bermúdez.

Los Mossos d’Esquadra registraron durante más de 13 horas el histórico edificio del movimiento okupa Kasa de la Muntanya. No se efectuó ninguna detención en su interior, pero los mossos evitaron que los residentes en el inmueble okupado realizaran cualquier llamada mientras registraban los tres pisos del edificio. En el interior dormía una veintena de personas, entre ellas tres niñas de 5 y 6 años. Durante la operación se requisaron varios teléfonos móviles, ordenadores y material informático.

La actuación policial provocó concentraciones de solidaridad con los detenidos y en contra de los registros en la casa okupa y los ateneos. A las ocho de la mañana, una veintena de personas cortaron durante varios minutos la Travessera de Dalt, en la capital catalana. La presencia de los Mossos d’Esquadra disuadió a los manifestantes.

A las siete de la tarde, más de 2.000 personas marcharon por el centro de la ciudad tras una pancarta que rezaba “Si nos tocan a una, nos tocan a todas, libertad detenidas anarquistas”. Salieron de la plaza del Diamant, en el barrio de Gràcia, y caminaron hacia el norte. En su trayecto cortaron diversas calles, como Gran de Gràcia o Travessera de Dalt.

Cuando se acercaron a la sede de CiU en la calle Còrsega comenzaron los disturbios. Varios jóvenes rompieron varios escaparates de entidades bancarias y negocios inmobiliarios, lanzaron botellas y piedras a los agentes y quemaron contenedores de basura. Los Mossos dispersaron la manifestación minutos más tarde en Gran de Gràcia, donde comenzaron las carreras de agentes y manifestantes por las calles del barrio sin que a última hora de ayer se hubiesen registrado arrestos,

Tanto Iniciativa per Catalunya como la CUP criticaron las once detenciones ordenadas por la Audiencia Nacional. Ambas formaciones políticas aprovecharon para realizar un llamamiento a la participación en la movilización contra la ley de seguridad ciudadana convocada en Barcelona para el próximo sábado y así condenar la operación policial.

La anécdota de ayer se registró en el barrio barcelonés de Roquetes. Los Mossos d’Esquadra admitieron haber cometido un “error” cuando reventaron de madrugada la puerta de un piso propiedad de dos jubilados. La policía catalana prometió que pagará los gastos derivados de este error.

Los Mossos entran por error en una casa de dos jubilados

Agencias

Los Mossos d'Esquadra han admitido hoy haber cometido un "error" al reventar esta madrugada la puerta del piso de dos jubilados, en el marco de la operación contra una organización terrorista de carácter anarquista, en el barrio de Roquetes, del distrito de Nou Barris de Barcelona.

Fuentes de la policía de la Generalitat han confirmado que "ha sucedido un error involuntario" durante el dispositivo policial y que han entrado en el domicilio creyendo que en el mismo encontrarían a personas vinculadas a una "organización criminal con finalidad terrorista de carácter anarquista violento".

Las mismas fuentes han asegurado que "se pagarán los gastos" que se deriven del error, ya que se entiende que la puerta de entrada al piso, y quizás otras pertenencias, han podido resultar perjudicadas por la actuación policial.

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