Los promotores de una nueva RTVV: “Se nos ha expropiado un derecho”
La ILP no es negociable porque solo pide cumplir la ley, alerta Montiel
“No aceptamos retroceder”. Antonio Montiel, portavoz de los promotores de la iniciativa legislativa popular (ILP) respaldada por cerca de 89.000 firmas que propone abrir una nueva Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), protagonizó este lunes la primera comparecencia de este tipo en la Comisión de Peticiones de las Cortes Valencianas. Y fue para advertir al PP y al Consell de que su contenido “no es negociable”. “No admitiremos otra opción que no sea su aprobación en toda su integridad”, remarcó. Y eso porque la ILP no es una ley de creación de una nueva cadena sino un mandato para hacerla en unos plazos y contando con la opinión, entre otros, de juristas, expertos y representantes del sector audiovisual.
“No deberíamos estar aquí para pedir una cosa tan obvia como que se cumpla la ley”, señaló Montiel, quien citó la legislación española y europea y el Estatut d'Autonomia para denunciar, en referencia al cierre de Canal 9 hace poco más de un año: “Se nos ha expropiado un derecho del que ya disfrutábamos, que ya existía”. El portavoz de la ILP argumentó el derecho de un pueblo a tener medios de comunicación “públicos y plurales” en su lengua propia; criticó el hundimiento de la incipiente industria audiovisual valenciana y relacionó la existencia de RTVV con el autogobierno. “No nos resignamos a ser una autonomía débil sin medios de comunicación propios”, indicó. “Esperamos una respuesta adecuada de esta Cámara”.
El PP insiste en condicionar un nuevo canal a su “sostenibilidad”
Los grupos de la oposición coincidieron en criticar el cierre de RTVV. “La recuperación no podrá venir de quienes nos la han robado”, dijo Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, que añadió, con la vista puesta en las elecciones autonómicas de mayo, que una nueva cadena pública “solo será posible con una nueva mayoría, plural, decente y competente”. Para Blanco, la ILP es “un punto de partida” para que en 2015 se apruebe una nueva ley de RTVV.
Enric Morera, de Compromís, como hizo el mismo Montiel, recordó que hace años el PP rechazó tramitar una ILP en defensa de L'Horta con la excusa de que la Generalitat aprobaría una norma de protección que no se ha hecho. “El cierre de RTVV es un símbolo de la sumisión a las políticas centralistas del PP”, aseguró Morera, que insistió en que “si se quiere, se puede” reabrir la cadena. El portavoz de Compromís apuntó que liquidar la antigua RTVV y hacer una nueva ley “será imposible” y abogó por revertir la liquidación en curso.
La oposición discrepa sobre abrir otra RTVV o revertir la liquidación
“La causa de la justicia necesita tanto de la razón como de la memoria”, señaló el socialista Josep Moreno, que alertó a Montiel de que el PP hablaría de “sostenibilidad” como condición para reabrir el canal público. Y recordó que los populares modificaron la ley en 1999 para que RTVV pudiera endeudarse y ha acumulado 1.200 millones de deuda; la plantilla era en 1995 de 650 trabajadores,y la cerraron con 1.700; les anularon el ERE por vulnerar derechos fundamentales y manipularon de tal forma la información que las víctimas del accidente del metro nunca salieron en Canal 9. ”El discurso del consenso del PP es como el submarino de Gila: de color, bien, pero no flota”, dijo con ironía el diputado socialista.
En efecto, el portavoz popular, Jorge Bellver, apeló al “consenso y el diálogo” y achacó a la oposición no haberlo logrado hasta ahora. Como había pronosticado Moreno, Bellver dijo que “la sostenibilidad es un elemento fundamental”, preguntó si lo que quieren los promotores de la ILP es “una nueva RTVV” cuando esté “totalmente liquidada la anterior” y añadió si el recurso de inconstitucionalidad contra el cierre planteado por los socialistas puede ser un obstáculo. Moreno le replicó: “Ximo Puig lo mantendrá mientras se mantenga la lesión de unos derechos”.
“Nosotros no entendemos de maniobras reglamentarias, somos ciudadanos”, advirtió Montiel, que invitó al PP a “no buscar el consenso entre los grupos sino entre la Cámara y la ciudadanía”. “La gente de la calle tiene derecho a un servicio público de radiotelevisión. Cómo lo hagan es problema suyo”, sentenció.
