La Universidad de Cádiz investigará el posible uso irregular de tarjetas
El anterior equipo rector de la UCA utilizó dinero público en viajes, compras y comidas
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz (UCA), órgano que, entre otras funciones, vela por las cuentas y presupuestos de la institución académica, se reunirá el próximo viernes para analizar el uso de tarjetas bancarias repartidas entre el anterior equipo directivo que sirvió para sufragar posibles gastos personales como viajes, comidas en restaurantes, compras en joyerías y supermercados y consumiciones en bares de copas. La universidad gaditana explicó este lunes que todos los gastos de esas tarjetas estaban bajo control y fueron auditados, sin que se detectara irregularidad alguna, por lo que no cabe abrir una investigación. El dinero gastado podría alcanzar los 400.000 euros.
Los extractos bancarios de estas tarjetas, difundidos este lunes por los diarios del Grupo Joly, revelan gastos muy diversos como compras en Ikea, tiendas de electrónica, negocios on-line, hipermercados, desayunos en bares cercanos al rectorado, continuos viajes al extranjero, gastos en tiendas VIP de los aeropuertos, estancias en hoteles o comidas y cenas en restaurantes de la provincia de Cádiz durante el fin de semana, entre ellos, en la cadena Foster Hollywood, además de en otros establecimientos con menús más caros. Fue una práctica generalizada entre 2007 y 2011, hasta que al entonces rector Diego Sales le sucedió en el cargo el actual máximo responsable de la UCA Eduardo González Mazo. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, presente este lunes en Cádiz, reclamó a la UCA una explicación “a la mayor celeridad”.
Mazo suprimió estas tarjetas pero quedó pendiente saber si se había dado un uso razonable a ese dinero público utilizado por el anterior rector, varios vicerrectores, el gerente y algunos directores generales. Un profesor alertó de posibles irregularidades pero no se abrió una investigación. Según fuentes de la UCA, no consta una denuncia oficial, aunque de su advertencia sí tenía conocimiento el Consejo Social que había reclamado a González Mazo aclaraciones sobre el uso de las tarjetas.
La institución alega que los gastos estaban auditados y controlados
Las explicaciones esperaron a que la noticia se difundiese públicamente. Según un comunicado emitido por la UCA, esos gastos “contaron en todo momento con un procedimiento de contabilidad y control”. “El interesado debía solicitar siempre el recibo y la factura necesaria imprescindible para justificar el gasto y realizar posibles reclamaciones”. También, según este documento, se debía concretar su motivación. “Mensualmente el área de Economía solicitaba a los cargos académicos justificación de los gastos que aparecían en los extractos. Tras su justificación, se realizaban los documentos contables oportunos. Existía incluso un documento guía remitido a los secretarios de los cargos académicos donde se contenían las instrucciones para contabilizar los gastos de las tarjetas”, explica la universidad.
De esta manera, la UCA sostiene que “todos los gastos de las tarjetas pasaban un control de justificación igual que se hace con respecto a otros gastos”. La Universidad gaditana niega, por tanto, que se tratara de sobresueldos para el rector o vicerrectores. El comunicado pone dos ejemplos para sostener este argumento. Una de las compras en Ikea está inventariada convenientemente y su destino fueron utensilios para la escuela infantil del campus de Puerto Real. Un sofá comprado con esas tarjetas se encuentra como mobiliario estable en el despacho del rector. El comunicado no hace mención a otros gastos de más difícil justificación como los de restaurantes en fin de semana, hoteles de lujo o bares de copas. Varias fuentes cercanas al actual equipo directivo señalaron este lunes que cada gasto se puede explicar individualmente. Ponen como ejemplo viajes para asistir a conferencias perfectamente documentadas, invitaciones a comidas de autoridades que visitan la ciudad o reuniones de trabajo que se prolongan muchas horas y que obligan a encargar comida rápida.
El comunicado sí aporta la razón por la que el rector, a pesar de tener la alerta de un profesor y la demanda del Consejo Social, no abrió ninguna investigación sobre esas tarjetas. “No correspondía porque los gastos estaban auditados y esa contabilidad pasó por los órganos de fiscalización previstos en la ley, como es el caso de la Cámara de Cuentas de Andalucía”. Limita la exigencia de explicaciones por parte del Consejo Social a una petición de información que “se está tramitando por los cauces internos”.
El Consejo Social, integrado por representantes universitarios y de toda la sociedad gaditana, tiene entre sus funciones supervisar las cuentas de la universidad y dar el visto bueno a sus presupuestos. Se reunirá el viernes y en ese encuentro se abordará la polémica que ha traído la difusión de la existencia de estas tarjetas.
