El lehendakari apela a Interior a esclarecer 220 asesinatos de ETA

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha mostrado su deseo de que el Ministerio del Interior colabore en la investigación impulsada por el Gobierno Vasco para esclarecer los asesinatos cometidos en España por grupos terroristas y ha apelado a un "trabajo compartido" para contribuir al derecho de reparación de las víctimas. Urkullu ha sido interpelado en el pleno de control de hoy por el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, sobre el informe encargado por el Gobierno Vasco que cifra en 220 los asesinatos que a día de hoy están sin esclarecer en España, de los cuales la inmensa mayoría (197 casos) son víctimas de ETA. El lehendakari ha recordado que ese informe, que ha estado coordinado por el periodista Carlos Fonseca y que ha tenido como asesores, entre otros, al magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, está "inacabado" y que sus autores han mostrado su disposición a que el trabajo "sea completado y mejorado".

También ha puesto el acento en el hecho de que ese estudio, que fue presentado el pasado viernes, se ha hecho a pesar de la "nula colaboración" de "algunas instituciones del Estado" que, según ha indicado, podrían haber ayudado a tener datos más consensuados sobre la cuestión. En el informe se señala que el Ministerio del Interior "no se ha prestado a colaborar" en esta investigación, como tampoco "ha sido posible la colaboración" de la Fundación de Víctimas del Terrorismo ni de "varios ministerios". "Ojalá que con esas instituciones con las que no se ha podido trabajar se pueda trabajar en el futuro. A ese trabajo compartido estamos abiertos", ha asegurado Urkullu. El lehendakari también ha dicho que no cree que esa falta de colaboración resida en una "animadversión" contra el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, porque eso supondría tanto como decir que ese prejuicio es para con él mismo o con los creadores del informe.

Se debe asegurar que la investigación judicial se desarrolle al máximo"

El lehendakari ha puesto en valor este estudio, que se enmarca en el Plan de Paz y Convivencia de su gobierno, ya que sirve para "hacer pedagogía", contribuye al derecho de justicia y reparación de las víctimas y construye el "puzzle" del pasado para traerlo al presente. "No olvidamos que hay 220 familias sin sentencia aclaratoria", ha aseverado Urkullu, quien ha añadido que los criterios del Gobierno Vasco a la hora de abordar esta cuestión son poner a la víctima en el centro de todo este trabajo, evitar falsas expectativas y tener "responsabilidad institucional" porque "nadie puede garantizar que todos los casos sean resueltos" pero se debe "asegurar que la investigación judicial se desarrolle al máximo". Maneiro ha opinado, sin embargo, que el informe contiene "errores de bulto", "está mal hecho" y es "incompleto", porque, según ha dicho, otros estudios cifran en más de 300 los asesinatos cometidos por ETA pendientes de resolución.

El parlamentario de UPyD también ha interpelado al Gobierno Vasco sobre su propuesta "Zuzen bidean", que recoge veinte medidas encaminadas a recuperar "la normalidad penal y penitenciaria", entre las que figuran el acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco, la puesta en libertad condicional de los mayores de 70 años y dar una respuesta institucional a la denominada "vía Nanclares". Maneiro ha censurado tal documento porque, según ha dicho, el Ejecutivo vasco pretende dar con él la sensación de que España no es una democracia y de que se vulneran los derechos de los presos. El consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, ha replicado que en la lucha contra el terrorismo la legalidad procesal penal y penitenciaria del Estado Español "ha incurrido en "algunos excesos que no siempre han sido compatibles con los derechos fundamentales y libertades públicas". Erkoreka ha añadido que esta afirmación no es una "ocurrencia" del Ejecutivo vasco, sino que lo ha dicho el Tribunal Constitucional, la ONU e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además ha negado que ese documento plantee un "escenario de impunidad". Es una iniciativa abierta al "diálogo" que "plantea la necesidad de recomponer tras el fin de ETA la normalidad en el derecho penal y penitenciario", ha concluido.