La compra de una mina de cobre en Congo llevó al arresto de El Pastelero

Óscar Rial Iglesias, El Pastelero, uno de los presuntos dirigentes del negocio del narcotráfico en Galicia, ingresó ayer por primera vez en prisión. La policía ha logrado implicarle en varias operaciones sospechosas de blanqueo a las que supuestamente dio cobertura y asesoramiento uno de sus abogados, el letrado de Madrid Juan Ramón García Crespo, que empleó varias sociedades con jubilados al frente como testaferros. Ambos, detenidos el pasado miércoles, ingresaron en prisión sin fianza, después de declarar ayer en el Juzgado número 3 de Vilagarcía.

 La investigación patrimonial y financiera de El Pastelero —hasta ahora sin antecedentes penales— se inició hace más de un año, cuando desde la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía se interceptó la compra de una empresa minera que explotaba un yacimiento de cobre en la República Democrática del Congo. Rial, de 41 años, acababa de ser absuelto por narcotráfico y blanqueo después de que él y otros 20 procesados fuesen delatados por uno de los lugartenientes que actuaba supuestamente como intermediario de los cárteles colombianos de la cocaína dentro de su organización. Pero el testigo de cargo plantó a la sala después de retractarse de sus acusaciones en una carta.

La compra de la mina en África se vinculó desde el principio a posibles testaferros de Rial, lo que llevó a la policía a localizar una maraña de sociedades y empresas que todavía se están investigando, la mayoría promotoras con intereses en zonas turísticas de Brasil, como Fortaleza, y otras en Uruguay, donde se realizaron operaciones inmobiliarias que podrían estar dirigidas por el empresario de Vilagarcía, conocido por su antiguo negocio de pastelería. La operación la cerraron dos de los detenidos en Caldas, el empresario Ernesto Otero Cascallar y su esposa, María del Mar B.G., a través de una transferencia de al menos 1,5 millones de euros, “ahorros”, según sus declaraciones judiciales.

En el interrogatorio ante la juez y el fiscal de Delitos Económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, ambos dijeron que la compra la habían realizado ellos y que esta resultó económicamente ruinosa. Aunque no pudieron aclarar el origen de todo el dinero invertido en la mina africana finalmente quedaron en libertad con cargos y serán acusados de un presunto delito fiscal. El quinto detenido, Unai Loureiro Babarro, un asesor de empresas al que se le atribuye la posición de supuesto testaferro de Rial Iglesias para la compra de una nave industrial en Caldas valorada en 300.000 euros, también quedó en libertad pero imputado como cooperador necesario en esta adquisición. Aunque la investigación patrimonial que dio origen a estas diligencias era en principio mucho más amplia contra El Pastelero, en el auto de prisión solo se le imputan dos operaciones de blanqueo de 1,1 millones de euros. Una a través de la sociedad Construcciones Orvieto, SL, con domicilio en Madrid, y otra en la que intervino la firma Escota, SL por la que habría adquirido un chalé en Vilagarcía valorado en 800.000, además de la nave industrial de Caldas.

Rial se limitó a negar las acusaciones de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y declaró que el chalé en la urbanización de O Rial, en Vilagarcía, era de una sociedad a la que se lo tenía alquilado por 3.000 euros mensuales y que las operaciones las hacía mediante préstamos hipotecarios. Su abogado, sin embargo, admitió en su declaración judicial que había diseñado un entramado empresarial y que pagó a tres jubilados como figurantes en el accionariado. Estos fueron detenidos en Madrid pero quedaron en libertad después de declarar ante la policía y de señalar al letrado como la persona que los involucró.