El Pastelero usaba a jubilados de administradores en sus empresas
La policía acusa al presunto capo de lavar casi tres millones Entre los detenidos están cuatro supuestos testaferros en 30 sociedades
Ocho detenidos, tres de ellos ya en libertad, es el balance provisional de la operación policial contra el blanqueo de dinero del narcotráfico que desplegaron el miércoles agentes antidroga de la unidad de Greco y de delitos económicos de la policía en Galicia y Madrid. Al frente de la presunta trama de lavado de dinero se encuentra Óscar Rial Iglesias, El Pastelero, considerado uno de los mayores narcotraficantes que operan en las Rías Baixas desde mediados de la pasada década, según los informes policiales. Junto a Rial, de 41 años, fueron detenidos cuatros presuntos testaferros de más de 30 sociedades y empresas investigadas en el último año. Entre ellos se encuentra un matrimonio de Caldas, otro vecino de Vilagarcía propietario de una nave industrial y un abogado de Madrid, que supuestamente diseñó la trama societaria.
Los cinco detenidos que fueron interrogados en la comisaría de Vilagarcía está previsto que declaren hoy en el juzgado número 3 de Vilagarcía que instruye las diligencias. Los otros arrestados en Madrid son tres jubilados que aparecen en varias sociedades y que quedaron en libertad después de declarar ante la policía.
En la operación fueron intervenidas varias propiedades que presuntamente pertenecen a Rial Iglesias, como un chalé en la urbanización O Rial de Vilagarcía, valorado en 800.000 euros, y una nave industrial en la zona de Arousa que podría superar los 300.000 euros.
El Pastelero, sin antecedentes penales, ya fue investigado y juzgado por blanqueo de dinero y narcotráfico pero fue absuelto en un juicio celebrado en la Audiencia Nacional en diciembre del pasado año. Todo su enorme entramado empresarial quedó automáticamente legitimado en la sentencia. La fuga del testigo de cargo —que permitió reconstruir una operación de 3,3 toneladas de cocaína en 2008— tumbó el juicio, por lo que hubo que levantar los embargos sobre empresas, negocios y cuentas bancarias que pesaban sobre los principales miembros de la organización, que presuntamente dirigía Óscar Rial desde Vilagarcía, para responder a fianzas de 1.000 millones de euros de responsabilidad civil.
Aquella vista fue un sonoro fiasco para la policía. Dos días antes del juicio, el arrepentido José Luis Fernández Tubío, un marinero de Boiro que vivía permanentemente vigilado por dos agentes, logró escaparse. Antes, fue a un notario para redactar una carta que leyó su abogado al tribunal en la que afirmaba que todo lo que había declarado era mentira. La sentencia señaló que los únicos hechos probados eran los relativos al viaje y posterior abordaje del buque San Miguel, que transportaba a España el alijo de cocaína, por lo que solo pudo condenar a los tres tripulantes de la planeadora que iba a recoger el cargamento.
