El FROB rechaza hacer públicos los análisis de la venta de Catalunya Caixa

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) rechaza hacer públicos los informes que llevaron a vender al BBVA por 1.187 millones de euros el pasado julio Catalunya Banc (sucesora de Catalunya Caixa, CX) tras inyectar en la entidad catalana más de 12.000 millones de euros, confirmó un portavoz del organismo. Las operaciones de rescate y venta de CX se hicieron siguiendo informes y análisis de Ernst&Young, Barclays, HSBC, BDO y McKinsey.

La formación catalana Candidatura d’Unitat Popular (CUP) recurrió ante la Audiencia Nacional la venta de CX al calificar de “irrisoria y escandalosa la cifra obtenida del BBVA por la venta de CX tras la gigantesca cifra invertida” y reclama “conocer los informes y auditorías que justificaron la venta”. En el caso, pendiente de resolución, la Abogacía del Estado se ha pronunciado negando a la legitimidad de la CUP a personarse en el caso, hecho que dejaría sin recorrido su recurso y, por tanto, le impediría tener acceso a los informes.

En un documento de 25 páginas remitido al juez, la Abogacía del Estado defiende que, según la ley, en este caso no está "prevista la posibilidad del ejercicio de la cción popular". También niega la posibilidad de que la CUP, como partido político, pueda acogerse por la vía contencioso-administrativa a la "legitimación prevista para las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo".

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, Joaquín Tornos, estima que la jurisprudencia da la razón a la Abogacía del Estado. Tornos señala que si la CUP quiere acceder a los documentos puede acudir "a la ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia y acceso a la información pública”. El FROB está sujeto a la obligación de dar la información que se le requiera, según los artículos 12 y 13, aunque puede alegar motivos “económicos y comerciales para no hacerlo siempre que motive la concurrencia de estos motivos”, explica Tornos. Ante una nueva negativa del FROB, la ley contempla un recurso especial frente al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno si la CUP considera que se le deniega el acceso a información pública.