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Los ecologistas exigen cambios en la política del agua en Doñana

Los agricultores reclaman 9.300 hectáreas de regadío

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Un pozo ilegal de agua, en las inmediaciones de Doñana.

Las captaciones subterráneas de agua en Doñana (Huelva) y la existencia de pozos ilegales para el riego de los cultivos han debilitado el estado de salud del acuífero 27, que nutre al espacio protegido del parque. La organización ecologista WWF ha sido la encargada de elevar la queja ante la Comisión Europea que ha concluido en la apertura de un procedimiento de infracción contra España. Los ecologistas calculan que hay en el entorno unos 2.000 pozos de captación de agua irregular. Felipe Fuentelsanz, coordinador de WWF en el ámbito de Agua y Agricultura en Doñana, considera que la advertencia de Europa tiene que hacer ver a las Administraciones “que deben cambiar las políticas y clausurar de una vez esos pozos ilegales”, ha afirmado.

“El uso irregular de los recursos hídricos en Doñana es un gran problema que no solo ha evidenciado la Unión Europea. Otros organismos como la Unesco han puesto el acento en la situación caótica del acuífero, aunque esta es la primera vez que deriva en un expediente sancionador”, ha indicado Fuentelsanz.

Para el dirigente ecologista, la iniciativa de Europa supone un varapalo a las políticas que las Administraciones están ejecutando como la aprobación del Plan Hidrológico del Guadalquivir y el Plan Especial de Regadíos de la Corona Norte de Doñana. “Las Administraciones tienen ahora el reto de enmendar sus programas y hacer un uso más eficiente de los recursos naturales en este entorno”, ha defendido.

Pero lo que para los ecologistas son políticas equivocadas, como el Plan Especial de Regadíos, para los agricultores son soluciones a sus demandas. La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado confía en que el procedimiento de infracción incoado por Bruselas fuerce de forma decidida a que los Gobiernos den luz verde al plan que acabará con el déficit de agua que padecen los agricultores y a las tensiones desatadas en la zona por las multas recaídas a este colectivo por extracción de agua subterránea.

La aprobación del Plan de la Corona Norte, un documento que ha tenido que modificarse y que ahora está a la espera de una resolución de confirmación por parte de la Dirección General de Costas, dará seguridad jurídica y regularidad a una superficie de 9.300 hectáreas, de las que 7.000 pertenecen a la demarcación del Guadalquivir y las restantes a la del Tinto-Odiel-Piedras.

El delegado de la Junta en Huelva, José Fiscal, confía en que antes de Navidad se le dé el visto bueno al documento en el Consejo de Gobierno. Mientras que el presidente de la plataforma de los regadíos del Condado, Cristóbal Picón, ha acudido a la Subdelegación del Gobierno en Huelva para interesarse por el informe pendiente de Costas: “Espero que esta situación fuerce a los Gobiernos central y autonómico a dar una salida ya. Solo pueden hacerse dos cosas: o se acaba con la agricultura en los pueblos de la comarca o se soluciona el problema como Europa le está reclamando”.

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