El concurso de Anoeta eleva los recelos sobre un trato de favor a la Real

Sobre el papel, la reforma de Anoeta, el campo de propiedad pública donde juega la Real Sociedad, será fruto de un concurso público abierto a cualquier empresa. Pero el detalle de los pliegos del concurso convocado por el Ayuntamiento de San Sebastián, propietario del estadio, para la remodelación y explotación del campo no despeja las sospechas sobre una supuesta redacción favorable para que el club se haga con las obras, sino que las acrecienta.

Todos los grupos con representación en el Ayuntamiento (Bildu, PSE, PP y PNV), como miembros del consejo de administración de la sociedad pública Anoeta Kiroldegia, aprobaron los pliegos del concurso el pasado lunes.

El concurso otorgará la explotación del campo por un periodo de entre 40 y 50 años a aquella empresa que presente la propuesta económica más ventajosa —el Consistorio ha calculado un coste de las obras para la reforma del campo, del miniestadio adyacente y del entrono en 45 millones. La construcción del estadio a principios de los 90 costó unos 18 millones y todo el conjunto del entorno, 48—, y cuyo proyecto técnicamente convenza al Ayuntamiento.

“Está amañado”, asegura el abogado que tumbó la reforma del campo

Las condiciones del concurso establecen un primer periodo para la presentación de una propuesta económica y de una memoria técnica de 52 días, que empiezan a contar tras el envío del pliego al Diario Oficial de la Unión Europea. Un periodo que varios arquitectos consultados consideran “escaso” para la presentación de un proyecto de tales características.

La Real Sociedad, que ha declinado hacer declaraciones, al igual que el Ayuntamiento de San Sebastián, ya presentó el pasado mes de abril, después de que se hiciese pública la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que tumbó la reforma inicialmente prevista por el club y el Consistorio, una propuesta para la remodelación del campo por 43,8 millones.

“Es un concurso amañado”, define Javier Olaverri, el letrado que recurrió ante el TSJPV la reforma del Plan General de San Sebastián que permitía la remodelación del campo. El concurso establece que seguirá en vigor el convenio firmado en los años 90 por la Real y el Ayuntamiento, por el cual el quipo puede jugar en Anoeta por 40 años a cambio de tres millones de euros. Una condición que imposibilita, según el abogado, que la explotación del campo pueda resultar rentable, y por lo tanto presentarse a cualquier empresa que no sea la Real. El coste real por el uso del campo es de 1,5 millones al año y al convenio le quedan unos 20 de vigencia.

Olaverri destaca también que si se toman como referencia los 45 millones de coste del nuevo estadio y se dividen entre el periodo de explotación, la cantidad resultante, de media 1,1 millones, queda todavía lejos del precio de mercado que la Real debería abonar. Y si el club gana el concurso, defiende el abogado, el Ayuntamiento lo que está haciendo es prolongar una subvención 50 años.

El letrado defiende que sólo el club puede sacar rédito con la explotación

Un cálculo que no incluye los 10 millones que otorgará el Gobierno vasco a través de Anoeta Kiroldegia a la empresa que gane el concurso, y que se tienen que descontar del coste total.

Los pliegos además señalan que si el proyecto ganador obliga a una reforma del Plan General —el ordenamiento urbano solo permite obras en Anoeta siempre y cuando no se modifique el volumen del estadio—, corresponderá a la empresa ganadora redactar el plan especial pertinente para su reforma. Una potestad que sólo corresponde al Ayuntamiento, y no a un tercero, insiste Olaverri.

El abogado recalca que “de todas las formas de las que se podría haber hecho, han elegido la peor” y recuerda que es deber de los funcionarios “denunciar” aquello de lo que tengan constancia que incumpla la ley y constituye un delito el no hacerlo.

El alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, defendió a finales de noviembre, cuando presentó los pliegos del concurso, que éste cumple con “todas las garantías legales y jurídicas por parte del Ayuntamiento”. Izagirre añadió que incluso el Consistorio había consultado a Bruselas cuestiones legales del concurso.

Un portavoz de la Comisión Europea específica que, fundamentalmente, el organismo “aclaró” al Ayuntamiento “las normas de contratación pública de la Unión Europea aplicables”. “Los servicios de la Comisión no han recibido la última versión [de los pliegos del concurso], y no han acordado los aspectos de contratación del proyecto”, añade el portavoz.