La Xunta no pagará el 100% de su salario a los funcionarios hasta 2018
El Gobierno gallego fija la reposición paulatina del sueldo en la nueva Lei de Emprego Público La norma establece también la eliminación del plus de altos cargos que ya estaba suspendido
Los trabajadores públicos cuyos sueldos dependen de la Xunta de Galicia tendrán que esperar hasta enero de 2018 para que sus ingresos vuelvan a ser como los que precibían antes de 2012, cuando comenzaron a sufrir sucesivos recortes por parte de los gobiernos central y autonómico. La Xunta, sin embargo, no les devolverá todo lo que dejó de abonarles en este tiempo y desconoce cuándo podrá volver a revalorizar anualmente los salarios públicos en función de la inflación.
La recuperación de los sueldos previos a 2012 se producirá a través de la nueva Ley de Empleo Público de Galicia, que el Gobierno gallego remitió ayer al Parlamento para su debate. En ella se incluye la creación de un “fondo” que la Administración autonómica dotará con 350 millones en los próximos cuatro años para ir anulando “paulatinamente” los diversos recortes que ha aplicado desde 2012, lo que supondrá, según el presidente, Alberto Núñez Feijóo, “un enorme esfuerzo por parte de la Xunta”. Según su previsión, en 2015 se abonará el 25% de la paga extra de Navidad de 2012, justo la parte que se suprimió erróneamente, como constataron varias sentencias judiciales. Luego se irán recuperando “paulatinamente” y hasta enero de 2018 los complementos autonómicos que se retiraron desde entonces en sucesivas pagas extra. En cuanto a futuros aumentos de salario, la Xunta recordó que es una competencia estatal y no gallega.
Junto con esta recuperación salarial, los funcionarios verán cómo la nueva ley de empleo público, que afectará también a los asalariados de universidades y ayuntamientos, los someterá a una “evaluación” de su trabajo en función de sus “méritos” y “resultados”. La norma también contempla, según indicó la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, la designación de los jefes de servicio “por concurso y no por libre designación”, como se venía haciendo hasta ahora. Además, aquellos funcionarios que fueron altos cargos en gobiernos anteriores dejarán de cobrar el plus que PP, PSOE y BNG pactaron establecer para ellos en 2007. El cobro de ese plus, al que tendrían derecho más de 200 personas, ya fue suspendido en 2012, al tiempo que se comenzaron a aplicar los recortes al resto de los funcionarios. Hasta ahora Feijóo aseguraba que él nunca volvería a pagar ese aumento de salario, pero se resistía a suprimirlo por completo argumentando que la figura también existe en la legislación estatal.
La nueva ley prevé además convertir en funcionario al personal laboral fijo que consiga superar determinadas pruebas selectivas y reserva un 7% de las plazas autonómicas para funcionarios procedentes de otras Administraciones.
En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Feijóo también mostró su satisfacción por las recientes sentencias que obligan al Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), a devolver a inversores privados el dinero que perdieron durante el proceso de saneamiento y nacionalización de Novagalicia Banco (NCG). De momento las sentencias ya obligan a reponer 18,6 de los 70 millones que esos empresarios invirtieron en la entidad. “Me alegro de estas sentencias porque no es justo que personas que intentaron solucionar un problema que no generaron ellos pierdan su patrimonio”, dijo Feijóo, quien recordó que eso ya “fue transmitido así al FROB, a la antigua NCG Banco y al Ministerio de Economía”.
El presidente también se refirió a la detención y puesta en libertad con cargos por estafa de la mujer del recién nombrado secretario provincial del PSdeG en A Coruña, Julio Sacristán. “Si mi mujer fuera detenida y llevada a una comisaría y acusada por estafa, no tengo ninguna duda que el primero que tendría que dar explicaciones sería yo mismo”, dijo Feijóo, que pidió “una explicación de los líderes provinciales y de los líderes autonómicos del PSOE”. La semana pasada, interrogado por las denuncias sobre dinero negro en el PP realizadas por el exgerente del partido en Ourense, Feijóo eludió dar explicaciones y desvió las preguntas a la dirección provincial de los populares.
