La oposición a Castellano que dimita tras reabrirse el ‘caso Taroncher’
El auto critica que el Consell no ha facilitado a los diputados información con detalle
El PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida reclamaron ayer la dimisión del exconsejero y actual delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, tras la decisión de la Audiencia Provincial de Valencia de reabrir el caso Taroncher, después de que la Asociación contra la Corrupción en la Comunidad Valenciana recurriese el archivo.
La Audiencia considera que las facturaciones de las consejerías que ocupó Serafín Castellano con las empresas del Grupo Taroncher por un importe superior a siete millones de euros en cantidades fraccionadas “revisten una indudable gravedad y, de ser ciertos, es claro que podrían integrar los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos calificados inicialmente por la [asociación] querellante”.
El auto critica también las trabas puestas por el Gobierno valenciano que ni siquiera ha facilitado a los diputados de la oposición la “información con el detalle que se interesaba”. “En definitiva”, prosigue la Audiencia, “los hechos que se relatan en el escrito de querella tienen una apariencia delictiva que, aunque precisaran de ulterior concreción y confirmación, justifican el inicio de una posible investigación judicial”.
El delegado del Gobierno aseguró ayer que “le pueden investigar donde quieran, cuando quieran y lo que quieran y tendrán total colaboración”. Esta sería la segunda investigación que afecta a la gestión de Castellano como consejero, después de que los tribunales investiguen el presunto regalo de un rifle valorado en cerca de 1.900 euros al entonces consejero de Gobernación por parte de la empresa de aviones contra incendios Avialsa, que además organizó unas cacerías en las que participó el hoy delegado del Gobierno.
La diputada de Compromís Mònica Oltra argumentó “lo que se impone es que el Gobierno de España tome medidas porque tienen que contestar si quieren tener un delegado del Gobierno que está salpicado por la corrupción y que va a ser investigado por la justicia”.
El portavoz socialista, Antonio Torres, se mostró “satisfecho” por la decisión de la Audiencia y señaló: “No nos extraña la reapertura de este caso cuando hay evidencias más que probadas de que pudo haber adjudicación irregular por parte del que hasta hace poco fue número dos del PPCV hacia su amigo íntimo [Taroncher]”.
Por su parte, el diputado de Esquerra Unida Lluís Torró dijo que, ante las evidencias de que las empresas de Taroncher se han lucrado haciendo negocios directamente con las consejerías por las que ha pasado Castellano, era evidente que la justicia tenía que investigar los hechos.
