El Ayuntamiento de Serranillos del Valle se audita a sí mismo

“No me temblará la mano a la hora de resolver aquellos contratos en los que haya la menor sospecha de irregularidad”. Con estas palabras inauguró Belén Cruz su mandato al frente de la alcaldía de Serranillos del Valle (3.800 habitantes) el pasado 19 de noviembre. La regidora, sucesora de Antonio Sánchez —su compañero de la agrupación local Unión Democrática Madrileña (UDMA) imputado en la operación Púnica—, aseguró que se estaban “auditando de forma exhaustiva todos los contratos de servicios” del Ayuntamiento. Pero esta auditoría no la está realizando ninguna empresa externa, sino la secretaria y la interventora del Ayuntamiento. Es decir, las mismas funcionarias que supervisaron en su día los contratos que ahora se examinan.

La auditoría incluye el contrato con la energética Cofely, “el más peliagudo” según la propia alcaldesa y que motivó la imputación de Sánchez. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco considera que el exregidor puede ser “responsable de varias irregularidades en materia de contratación pública para beneficiar a David Marjaliza”, supuesto conseguidor de la trama. Ambas funcionarias (Marta Abella, secretaria, y María del Prado de la Asunción, interventora) estaban presentes en la Junta de Gobierno que el 22 de abril aprobó sacar a concurso la gestión de la energía por un importe que superaba en un 70% lo que la localidad pagaba hasta entonces por ese concepto.

En esa reunión, la interventora solo señaló que para abonar el contrato (5,7 millones de euros para 15 años en una localidad con un presupuesto anual de 3,5 millones) se necesitaba un permiso del Ministerio de Hacienda. La situación económica del Ayuntamiento, sometido a un plan de ajuste, no permitía ampliar el presupuesto, prorrogado desde 2011.

El técnico imputado en la causa sigue trabajando en el Consistorio

El Ayuntamiento justifica la decisión de no realizar una auditoría externa por la falta de recursos (la localidad tenía en 2013 una deuda viva de cinco millones de euros), y asegura que la eficacia del proceso no está comprometida. El PP, líder de la oposición con cinco ediles (hay otros cinco de UDMA y uno del PSOE), asegura que la auditoría es una maniobra de propaganda de la nueva alcaldesa. Olga Fernández, portavoz de los populares y regidora hasta 2011, denuncia además que Marco Durán, técnico del Ayuntamiento imputado en la causa, sigue trabajando en el consistorio: “Nos preguntamos si no estará él en la auditoría, que tiene guasa. Es el único que tiene formación para hacerlo”. Belén Cruz desmiente que Durán esté formando parte del proceso, aunque continúe en su puesto.

“No se ha pagado nada de nada a esta empresa”, explica la alcaldesa sobre el contrato firmado con Cofely el pasado septiembre. La regidora descarta que haya más adjudicaciones irregulares, y añade que la auditoría es solo para “curarse en salud”. Tampoco asegura que se vaya a rescindir el acuerdo con Cofely y niega que “por ahora” se vaya a constituir una comisión de investigación como las de Móstoles, Valdemoro o Collado Villalba. La oposición ha convocado un pleno para “solicitar explicaciones”.