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Los jueces ultiman el juicio contra el presunto abusador sexual de Canal 9

La Audiencia de Valencia ha resuelto ahora el último recurso pendiente de Vicente Sanz La instrucción del caso concluye cinco años después de la denuncia de tres trabajadoras

Ignacio Zafra

La justicia ha despejado el camino para juzgar a Vicente Sanz, antiguo dirigente del PP y ex secretario general de Ràdio Televisió Valenciana, tras resolver su último recurso. Tres trabajadoras denunciaron hace casi cinco años a Sanz por supuestos abusos sexuales. El hombre que fue durante 15 años responsable de recursos humanos del ente ha sido imputado recientemente también en la pieza separada del caso Gürtel que investiga un millonario amaño en la organización de la visita del Papa. El excargo público ya alcanzó la fama en los noventa cuando trascendió una conversación en la que afirmaba: “Estoy en política para forrarme”. Sanz se vio obligado a abandonar la primera línea de su partido, el PP, del que había llegado a ser presidente en la provincia de Valencia, pero encontró acomodo como número dos de la corporación pública cerrada hace un año.

Los presuntos acosos sexuales han sido investigados por un juzgado de Paterna. Sanz siempre ha negado los hechos y ha restado credibilidad al relato de las antiguas trabajadoras de RTVV.

La Audiencia de Valencia ha resuelto ahora el último recurso pendiente, según fuentes conocedoras del caso. La fase de instrucción del procedimiento ha quedado cerrada, las partes presentarán ahora los escritos de acusación y defensa y con toda probabilidad la magistrada lo enviará al banquillo de los acusados.

La juez que ha instruido el caso ya lo procesó en 2011 al apreciar “indicios racionales” de que Sanz consiguió “favores sexuales” de tres periodistas “prevaliéndose de su puesto de trabajo” y sometiéndolas a una “situación gravemente intimidatoria y humillante”.

La reconstrucción realizada por la magistrada dibujó una atmósfera de “presión y control” que Sanz habría creado mediante amenazas laborales. El auto narraba con crudeza algunos episodios ocurridos presuntamente entre 2007 y 2010. “Se masturbó frente a A. M. y llegó a tocar varias veces sus partes íntimas con intención lúbrica. Incluso en una de las ocasiones en que mostró su sexo erecto a esta mujer, le llegó a coger de la cabeza, atrayéndola hacia él, al tiempo que le decía: ‘Dame una chupaeta”, narró por ejemplo.

El ex secretario general de RTVV ha reconocido las relaciones con sus subordinadas, pero mantiene que fueron consentidas. La juez consideró indiciariamente, sin embargo, que tal consentimiento no existió, o que fue “obtenido de forma viciada” a través de “promesas y amenazas”. La magistrada adelantó que los hechos pueden acarrear una pena de 10 años de cárcel.

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Además del testimonio de las supuestas víctimas y de testigos, la acusación contra Sanz se sustenta en los mensajes de móvil con contenido sexual, algunos con imágenes, que envió a las empleadas.

El análisis de los archivos y llamadas telefónicas por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía ha sido uno de los motivos que ha demorado la investigación que parecía prácticamente concluida hace tres años. En el retraso han influido también los cambios en los titulares del juzgado y los numerosos recursos de la defensa.

La UDEF ha dado otro quebradero judicial a Sanz, al concluir en un informe recientemente entregado al juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres que el ex secretario general participó supuestamente en el amaño que permitió a la trama Gürtel captar 7,4 millones de euros de Canal 9. La adjudicación, utilizando a la constructora leonesa Teconsa como pantalla, del contrato para difundir mediante pantallas gigantes los actos del V Encuentro Mundial de las Familias que presidió el Papa Benedicto XVI en Valencia en el año 2006.

Sanz fue uno de los seis miembros de la mesa de contratación que dieron el visto bueno a la adjudicación. La policía y los fiscales creen que en el trámite se falsearon elementos esenciales, como el informe técnico que avalaba la contratación de Teconsa. El juez Ceres lo ha citado a declarar como imputado la semana que viene.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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