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OPINIÓN

El derecho a no decidir

La mayoría de los catalanes decidieron el 9-N no dejarse arrastrar a binarismos empobrecedores

A menudo resulta arriesgado dar una explicación coherente a los comportamientos colectivos, porque las motivaciones de cada integrante de una comunidad pueden ser de lo más diverso. El riesgo es aún mayor cuando se trata de explicar los “no comportamientos” como es el no responder a una pregunta.

A los ciudadanos de Cataluña les hicieron el pasado 9 de noviembre no una, sino dos preguntas. Las dos terceras partes de ellos han decidido no contestarlas.

La interpretación del sentido del silencio, que en el terreno político se concreta en abstención, es un campo abonado para las especulaciones interesadas. Hemos escuchado muchas veces a dirigentes de todo pelaje político arrimar astutamente el ascua a su sardina, atribuyéndose victorias que solo ellos ven y valorando pro domo sua la circunspección de los ciudadanos.

No debería ser imposible que los dirigentes políticos llegaran a arreglos para que ese Estatuto de 2006 recupere su integridad

Lo mismo sucede en esta ocasión, con los partidarios de la independencia celebrando lo que ya consideraban antes de conocer cualquier dato sobre el resultado de la consulta como un triunfo histórico, y con los inmovilistas señalando que la pobre participación es la evidencia de un fracaso rotundo que daban por sentado antes del 9-N.

Los hechos, sin embargo, son tozudos. Demuestran que la mayoría de los catalanes ejerció aquel domingo el derecho a no decidir.

En los últimos años se ha impuesto en el debate político catalán un concepto político indeterminado, el de “derecho a decidir”, que ya se usó con todas sus ambigüedades en el ámbito vasco. Las fuerzas políticas independentistas vienen reclamando así en Cataluña ese derecho a decidir: déjennos, nos dicen, escoger nuestro futuro en libertad; déjennos votar.

Esta reclamación suena un tanto extraña porque en Cataluña se vota con alguna frecuencia y con total libertad. Se vota, eso sí, dentro de un marco legal compuesto por una Constitución que los catalanes respaldaron en 1978 de manera muy mayoritaria y por un Estatuto de autonomía que no contó con tanto respaldo, pero más reciente.

Es sabido que el último Estatuto, aprobado por el Parlamento de Cataluña, por las Cortes españolas y por el pueblo catalán en referéndum, sufrió algunos recortes a causa de un recurso interpuesto por el PP ante el Tribunal Constitucional. (Por cierto, ¿alguien ha hecho un atisbo de autocrítica sobre esa iniciativa o sobre la recusación del magistrado del alto tribunal Pablo Pérez Tremps? ¿Alguien cree que puede practicarse un anticatalanismo cínico sin coste? ¿Alguien se ha preguntado alguna vez si es admisible el odio al rival que se vive en los estadios de fútbol del Barça y del Madrid?)

Aunque parezca difícil, no debería ser imposible que los dirigentes políticos llegaran a los arreglos institucionales pertinentes para que ese Estatuto de 2006, avalado por el respaldo de la mayoría de los catalanes (directamente) y del resto de los españoles (a través de sus representantes parlamentarios), recupere su integridad y entre en vigor sin cortapisas.

Mientras tanto, asistimos a maniobras estériles y peligrosas.

Desde hace años el debate identitario absorbe las energías de la clase política catalana. Los maximalismos van polarizando a la sociedad en torno a ideas vaporosas como dignidad, destino, historia o patria, mientras se administra poco y mal: mucha grandilocuencia y poca política. El lenguaje adquiere tintes retóricos que serían ridículos si no tuvieran un eco siniestro.

El 9-N confirmó lo ya sabido e hizo más rígidas las posiciones enfrentadas, cuando no parece haber solución posible que no pase por la flexibilidad y el reconocimiento y el respeto de la diversidad de cada parte y de su conjunto.

Uno de los personajes de la novela de Antonio Tabucchi Sostiene Pereira afirma que habita cada persona una confederación de almas: todos poseemos identidades complejas y superpuestas, y más compleja aún es la suma de los individuos que conforman cada comunidad. Por eso me parece lógico que buena parte de los catalanes ejerza el derecho a no decidir, a no decantarse en binarismos empobrecedores.

Yo interpreto pro domo el mensaje del silencio, escuchando en esa abstención mayoritaria de los catalanes cierto hartazgo y un llamamiento claro a los políticos: por mucho que usen ustedes palabras altisonantes, en el fondo el asunto es demasiado serio para la épica. Así que hablen, negocien, resuelvan. Y, sobre todo, no nos metan en líos.

Marcos Gómez Martínez es diplomático en el Consulado General de España en Londres.