Castellón retirará las competencias a todos los imputados por corrupción
El alcalde, llegado el caso, deberá delegar voluntariamente en el vicealcalde
Todo concejal del Ayuntamiento de Castellón que resulte imputado por un caso de “corrupción política” perderá automáticamente todas sus competencias y salario (pasará a cobrar únicamente por las asistencias a plenos y comisiones). Este el acuerdo al que han llegado este lunes todos los grupos políticos del consistorio en la sesión de la comisión especial para el impulso de la transparencia, buen gobierno y profundización democrática que ha abordado las medidas a tomar en caso de imputación de algún miembro de la Corporación.
El acuerdo, que se aprobará en una próxima reunión por modificaciones de redacción en el texto, también afecta al alcalde, Alfonso Bataller. En su caso deberá ser él quien delegue voluntariamente sus competencias (salvo las indelegables como el voto de calidad) en el vicealcalde. En caso de no hacerlo, todos los grupos municipales le instarán a que lo haga. La comisión de transparencia nació en enero de este año cuando el alcalde estaba imputado en el caso Gürtel, acusación que fue archivada este verano. ´
En la reunión se ha pactado que la retirada de las competencias se adoptará desde el mismo momento en que el edil resulte imputado por algún asunto de corrupción política y las recuperará si se archiva la acusación.
El borrador del documento que se aprobará en la próxima sesión de esta comisión recoge además una definición de lo que se considera corrupción política: “El mal uso del poder público por acción y omisión para obtener una ventaja ilegítima que comporte un abuso de poder de funciones o medios para obtener un provecho económico o de otra índole y/o que este beneficio o ganancia ilícita se extienda a personas allegadas por vínculos de mayor o menor intimidad al que obtiene esa ventaja (personal, familiar o de partido). Así, los ediles deberán ser imputados por delitos contra la administración como prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, estafa documental, etc.
El documento destaca la “convulsión” de la sociedad española ante los recientes casos de corrupción que han salido a la luz y que “han afectado a todos los niveles de la Administración y han salpicado a cargos públicos con responsabilidad de gobierno”, erosionando la confianza y aumentando el "hartazgo" hacia la clase política. Asimismo, señala el papel de los ayuntamientos para erradicar la corrupción y generar confianza.
La comisión no ha abordado qué medidas se tomarán en el caso de que la imputación no resulte archivada y la causa acabe en procesamiento o juicio oral.
