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La reforma local castigará aún más los servicios sociales

La asociación de directores y gerentes advierte de que los efectos de la norma serán especialmente graves en la Comunidad Valenciana

Los servicios sociales valencianos son los menos desarrollados de todas las comunidades, y el futuro no se muestra esperanzador. La advertencia procede de José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, quien advierte de que la nueva Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local amenaza con castigar con especial dureza la red de prestaciones autonómica.

Ramírez ha destacado este lunes en una intervención en la Facultad de Ciencias Sociales que la Generalitat solo financia un 12% del gasto que tienen las entidades locales, un porcentaje sustancialmente inferior a la media estatal, que alcanza el 28%, y mucho más reducido que la tasa de autonomías como Asturias, donde la cobertura es del 80%. La nueva norma pretende centralizar al máximo las competencias en servicios sociales en los Gobiernos autonómicos y limitar la actividad de municipios y otras corporaciones.

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Ello supone que en las regiones donde la implicación de la administración autonómica sea mayor, la retirada de los municipios se verá amortiguada porque esos mismos servicios ya cuentan con financiación autonómica y podrán seguir siendo apoyados por los gobiernos regionales. Pero donde apenas sucede esto -como en la Comunidad Valenciana-, los ejecutivos autonómicos deberán realizar un mayor esfuerzo presupuestario para mantener los servicios que desempeñaban las corporaciones locales. Y, dados los escasos recursos que se destinan a la red valenciana, ello parece muy complicado, como advirtió Ramírez.

El responsable de la asociación de especialistas en servicios sociales insistió en que la situación valenciana ya es extraordinariamente delicada, como ilustran los estudios que anualmente elabora la entidad que preside que, año tras año, sitúan a la Comunidad Valenciana a la cola de la atención y con la red asistencial "más débil de España".

Ramírez recordó que según el último informe elaborado por la asociación, el gasto en servicios sociales de las Administraciones valencianas es muy inferior a la media estatal se mire como se mire. En términos absolutos está un 36% por debajo  (110 euros menos por habitante y año) y en relativos ronda el 1% del PIB, cuando en España la cifra es del 1,4%. Solo para equipararse a la media estatal, se deberían invertir en servicios sociales 566 millones al año.

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 A ello se suma que, como apunta Ramírez, las Adminstraciones Públicas (tanto Generalitat como ayuntamientos)  ha reducido su gasto en servicios sociales un 9,85% en los dos últimos años, lo que representa un recorte de 109,5 millones de euros. El resultado de estas cifras es "el sufrimiento de más de 800.000 usuarios que no tienen los recursos necesarios para afrontar su situación de empobrecimiento y el riesgo de exclusión social". Y que puede agravarse con la nueva ley de régimen local, según las estimaciones de la asociación de expertos en servicios sociales.

 

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