Mas recurrirá la indemnización del ‘proyecto Castor’

El consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig, anunció ayer que la Generalitat está ultimando un recurso al Tribunal Constitucional (TC) para que dictamine si la actuación del Gobierno en la indemnización a los promotores del almacén de gas Castor ha sido constitucional. “El caso es una nueva demostración de que el Gobierno piensa más en los intereses de las grandes empresas que no en las personas en situación de vulnerabilidad”, sostuvo Puig en Amposta (Montsià). El titular de Empresa añadió que la Generalitat ha puesto los hechos en conocimiento de la Comisión Europea.

El Consejo de Ministros aprobó el 3 de octubre el pago de una indemnización de 1.350,7 millones de euros de euros a Escal UGS, propietaria de la instalación submarina ubicada en las costas de Vinaròs (Castellón) y controlada en un 66,7% por ACS. El 11 de noviembre el dinero ya había sido abonado, según los resultados enviados por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La instalación, que no llegó a dar servicio, fue relacionada con más de medio millar de seísmos ocurridos en el último año. La indemnización repercutirá en la factura del gas de los consumidores durante los próximos treinta años. Puig dijo que la Generalitat trabajará para impedirlo.

Puig aseguró que los procedimientos administrativos del almacén de gas “presentan negligencias” y que “el contrato inicial tiene indicios de lesividad para los ciudadanos”. “No se ha determinado la responsabilidad de los problemas de sismicidad, hasta el punto de que el Gobierno no ha dado los informes sísmicos que se deberían de haber hecho durante la tramitación; o bien se ha utilizado un concepto jurídicamente dudoso, como el de hibernación, para justificar el valor de la indemnización”, remachó.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, defendió la transparencia de la operación. “Opacidad no solo no ha habido, sino que todos los requisitos para poder hacer ese pago están reflejados en la norma”, indicó Soria tras el Consejo de Ministros. Soria precisó que “el Gobierno no ha pagado nada”, sino que “ha pagado el gestor del sistema gasista”, Enagás.

El presidente del Círculo de Economía, Antón Costas, se sumó a las críticas al Gobierno. Costas consideró que el pago de la indemnización a las empresas promotoras del Castor se hizo “con nocturnidad y alevosía”. Costas, en una entrevista en TV3, opinó que deberían incluirse los posibles riesgos contingentes en los contratos en los que el sector público esté presente con algún tipo de aval. “Aquel responsable público que haya firmado un contrato donde haya este tipo de aval y no haya sido hecho público tendría que tener algún tipo de responsabilidad, esto es el buen capitalismo”, concluyó el presidente del Círculo de Economía.