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La Sindicatura ve irregular un pago a un cargo de un ente público de Salud

El exconsejero delegado del Consorcio Sanitario Integral cobró una indemnización de 30.000 euros por su destitución

Jessica Mouzo

La Sindicatura de Cuentas ha detectado irregularidades en una indemnización de 30.834 euros que el Consorcio Sanitario Integral (CSI), una entidad jurídica pública, pagó a un ex consejero delegado tras ser destituido de su cargo en 2010.

El CSI alegaba que el motivo de la compensación era por “incumplimiento del período de preaviso”. Sin embargo, en su informe de fiscalización del CSI en 2009, 2010 y 2011, la Sindicatura puntualiza que, en una de las cláusulas del contrato firmado por el alto cargo, “se decía explícitamente que en caso de desistimiento por parte del CSI no era necesario ningún preaviso”. Además, advierte el ente fiscalizador, al día siguiente de cesar, el alto cargo pasó a ser contratado como adjunto de la nueva consejera delegada, por lo que no le correspondía indemnización alguna por su destitución.

La Sindicatura ha encontrado también un “incumplimiento” de la ley de incompatibilidades porque el CSI contrató distintos servicios profesionales a personal del propio consorcio de manera directa o a través de empresas. Además, el ente fiscalizador revela, entre otras irregularidades relacionadas con la contratación, que el CSI adjudicó un conjunto de sumistros y servicios sin procedimiento de contratación.

Rigor en la asistencia

Por otra parte, los médicos del hospital General de Catalunya (HGC) defendieron ayer la asistencia que proporcionan a pacientes derivados de otros centros de la red pública y aseguraron que “son atendidos de igual manera, al margen de la aseguradora de procedencia, sea pública o privada”.

Los facultativos quisieron puntualizar un caso que publicó este diario de una paciente que les fue derivada del hospital de Mataró para operar una prótesis de rodilla y había vuelto a Mataró tras varios meses de complicaciones postoperatorias. La paciente se quejaba de que los centros a los que se derivan pacientes “se lavan las manos cuando hay complicaciones”. Los médicos del HGC negaron la mayor y aseguraron que siempre asumen “la gestión de las complicaciones dentro de unos parámetros de ética, rigor y profesionalidad”.

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De hecho, insistieron, en concreto en las prótesis de rodilla (el centro hace unas 750 al año), la tasa de infección de su centro está un 50% por debajo del ratio que fijan los parámetros médicos establecidos. “Esta paciente retornó a Mataró a petición propia y alegó un vínculo emocional y de proximidad para irse”, apuntaron.

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Sobre la firma

Jessica Mouzo
Jessica Mouzo es redactora de sanidad en EL PAÍS. Es licenciada en Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela y Máster de Periodismo BCN-NY de la Universitat de Barcelona.

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