Menores siguió con una adopción tras ser invalidada por un juzgado

La madre de S., una niña nacida en 2011 en el Hospital de Burela, asegura que llevó ropa de bebé a Menores de la Xunta en Lugo mientras esperaba a que la Administración se la devolviera. Los funcionarios, según declaró ayer en el juzgado 2 de Instrucción una trabajadora social imputada por el caso bebé, no lo interpretaron como una prueba del interés de la progenitora por la criatura. Sino como una rutina más de esos padres que renuncian a sus vástagos y les dejan un paquetito con recuerdos en la oficina que tramita las adopciones. Porque a los 18 años, esos niños, dijo ayer la funcionaria interrogada, tienen derecho a saber de dónde vienen.

 La madre de S. asegura que ella no tenía esa intención. Pero no la comprendieron. Es argelina y todavía hoy necesita llevar un traductor de árabe al despacho de su abogado para entenderse con él en esta lucha por recuperar a la criatura que, defiende con insistencia, nunca quiso dar en adopción. La pequeña permanece acogida por una familia de la provincia de Pontevedra mientras se espera el desenlace de una Operación Bebé hasta ahora amodorrada. Y todo esto porque ella, en el propio hospital en el que dio a luz y tuvo que permanecer en estado crítico en la UCI, durante cuatro días, tras el parto, firmó un consentimiento de adopción creyendo, dice, que era un parte médico. Existe un informe de la policía autonómica en el que los agentes dicen que no logran entenderse con la argelina cuando, enviados por Menores, la localizan para que ratifique pasado un mes su renuncia. Pero si una de las funcionarias imputadas dijo el primer día que esta mujer entendía el español, ayer otra contó que su discurso era “inconsistente”, “ambiguo”, cargado de “incoherencias”.

En el Islam, desvincularse de los hijos de esta forma es inconcebible. Se trata de una prohibición arraigada en el Corán. Lo que se contempla es la kafala, una fórmula próxima al acogimiento temporal, algo también previsto en la ley de derecho civil de Galicia.

Un día, la madre de S. decidió ir a la Xunta con una sobrina que sabe castellano y fue cuando supo, denuncia, que lo que se llevaba a cabo allí no era una kafala, sino la tramitación de un acogimiento preadoptivo en toda regla. Entonces recurrió a Gerardo Pardo de Vera, el abogado de la ONG Aliad Ultreya, denunció y logró que un juzgado invalidase el asentimiento. Pero a continuación, según los letrados del caso bebé, Menores preparó un nuevo informe sobre los “riesgos” de la madre inmigrante para seguir con el proceso. Una de las firmantes, aseguran, “había sido denunciada por ella”. Esta psicóloga de la Xunta no se presentó ayer alegando enfermedad. Y, para sorpresa de los abogados, tampoco acudió ningún fiscal por segundo día consecutivo. A la fiscalía se le consultaban los trámites de adopción, según la funcionaria que sí declaró.