El juez abre juicio oral contra 24 acusados del saqueo de Emarsa

El juez instructor del caso Emarsa ha acordado la apertura de juicio oral para 24 acusados del saqueo de cerca de 24 millones de euros de la depuradora de Pinedo, en Valencia, dentro de la causa principal, que será remitida a la Audiencia Provincial para el enjuiciamiento. El magistrado eleva hasta cerca de 31 millones de euros la cantidad que deberán abonar los principales acusados en caso de que resulten condenados, en concepto de responsabilidad civil.

Entre los 24 acusados se encuentran el exvicepresidente de la Diputación de Valencia, exalcalde de Manises y expresidente del consejo de administración de Emarsa, Enrique Crespo, para el que el ministerio fiscal pide 14 años de cárcel; el exgerente de la depuradora, Esteban Cuesta --que se enfrenta a 12 años-- y los que fueran cargos de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla (gerente) e Ignacio Bernácer (jefe de Explotaciones). Para estos dos últimos, el ministerio público solicita la misma pena que para Crespo, es decir, 14 años.

El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, aprecia indicios de prevaricación, malversación, cohecho y falsedad en la actuación de los 24 acusados --cada uno con su responsabilidad--, tras acordar en su día el sobreseimiento sobre los delitos contra la Hacienda Pública que investigó.

En el juicio se sentarán en el banquillo de los acusados, además de Crespo, Cuesta, Morenilla y Bernácer, Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa; Adolfo Polo, jefe del área medioambiental; Sebastián García Martínez 'Chanín', exinformático de la entidad; Enrique Arnal Llorens, ex director económico-financiero; Santos Peral, jefe de contabilidad y que tenía responsabilidad políticas en el PP de Valencia e Ignacio Martínez Maiques, jefe de compras e igualmente miembro del PP.

Asimismo, estarán los empresarios José Luis y Enrique Sena y Vicente Ros Bartual, relacionados con Notec; María Paz García martínez, hermana de 'Chanín'; la administradora del Grupo Mas, Eva Marsal Gil; Juan Manuel García, administrador de Arrima Centre d'Estudis; Juan Carlos Gimeno, que fue encargado de gestión ambiental de la planta y posteriormente administrador de Area Este y CRM Adecua y Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet.

Otros acusados son Ana María Ríos Solaz, periodista contratada por Emarsa; Leonor Moreno, abogada de la entidad; Luis Antonio Botella, abogado y primer teniente alcalde de Moncada; Rafael Quiles, asesor del grupo de empresas de 'Chanín'; Daniel Calzada de la mercantil Llar Calzada y a José Ramón Cuesta, hermano del exgerente.

En el auto de apertura de juicio oral, el magistrado eleva hasta 30.893.084 euros la cantidad que deberán pagar Crespo, Cuesta, Morenilla, Bernácer y el exdirector financiero Enrique Arnal, en concepto de responsabilidad civil, conjunta y solidariamente, en el caso de que sean condenados, mayor que la fijada inicialmente.

Rebaja las cantidades para el resto de acusados. Así, para Santos Peral e Ignacio Martínez la responsabilidad se fija en 1.402.373,73 euros; para Vicente Ros, José Luis Sena Gimeno, Enrique Sena y Adolfo Polo, 17.217.720,10 euros; para José Ramón Cuesta, 150.004,62 euros; para Sebastián García, 9.376.281,56 euros; para María Paz García, 7.442.792,61 euros; para Daniel Calzada, 1.076.437,63 euros; para Gimeno, 905.793,52 euros; para Quiles, 112.310,69 euros; para Antonio José Arnal, 183.529,05 euros; para Benlloch, 82.124,74 euros; para Marsal, 236.111,16; para Juan Manuel García, 18.428,89 euros; para Botella, 159.276,69; para Ríos Solaz, 121.627,62 euros; y para Moreno, 87.072,49.

El juez declara la responsabilidad civil subsidiaria para más de una decena de empresas, y la responsabilidad directa de Cristina Segarra, mujer de Cuesta, por su participación, a título lucrativo, de los efectos de los delitos de los que de los que es acusado su marido, con quien responderá conjunta y solidariamente en la suma de 325.907,99 euros.

También fija responsabilidad directa a Luisa Cuesta --hermana de Esteban-- por su participación, a título lucrativo, de los delitos de Cuesta, Sebastián García y su hermana, tan solo en relación con las obras realizadas en su vivienda y bienes suministrados a la misma.

Desde 2004 a 2010

En el auto de procesamiento el juez consideró probado que existía una red de empresas que, durante al menos los años 2004 a 2010, actuó para intentar detraer de forma ilícita fondos públicos asignados a Emarsa para la explotación de la depuradora de Pinedo por importe no inferior a 25.629.024,97 euros, de los que finalmente se lograron desviar 23.766.765,50 euros a través de una trama de compañías que facturaron a la empresa con precios hinchados por el tratamiento de los lodos --que llegaron a pasar de pagarse a 18 euros por tonelada por transporte, gestión y tratamiento a 46,5-- y por servicios que no se llegaron a realizar.

En el plan de actuación urdido para obtener un beneficio patrimonial ilícito a costa de la depuradora participaron personas de la dirección y otras más, muchas de ellas ajenas a la empresa pública, que adquirieron la condición de proveedores de Emarsa, sin que mediara expediente de contratación o contrato alguno, en ocasiones.

En otros momentos, se simularon expedientes de contratación de los trabajos "en los que se eludía la publicidad y se aparentaba, pero se evitaba, toda real concurrencia" y se emitieron facturas a Emarsa "por importe de varias decenas de millones de euros". En otras ocasiones "exigieron a los proveedores, para que pudieran serlo, bien el pago de dinero, bien la entrega de regalos o recompensas o la prestación de servicios particulares".

En relación con uno de los considerados presuntos cabecillas de la trama, el empresario huido Jorge Ignacio Roca, propietario de cuatro mercantiles que se cree que formaban una estructura organizada de facturación irregular para Emarsa, se mantiene la orden de búsqueda y captura.