“Es una aberración jurídica”

Manuel Ballbé (Barcelona, 1951) es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor de Soberanía dual y constitución integradora, que ve en la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana una solución al caso catalán.

Pregunta. ¿Es impugnable la consulta del 9 de noviembre?

Respuesta. Totalmente, incluso las meras intenciones se pueden recurrir si se va a cometer una ilegalidad

P. ¿Con qué argumentos?

R. La constitución de las mesas con voluntarios de una sola opción, la independentista, y la falta de interventores de todos los partidos constituye una parodia antidemocrática por muy participativa que aparente. Con las urnas no se juega.

P. ¿Qué leyes se vulneran?

R. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General y toda la legislación electoral y constitucional porque no se garantiza un proceso democrático, sino propio del chavismo. El Gobierno central no necesitaba informes del Consejo de Estado, ha tenido tiempo para recurrir antes y lo único que provocará es más crispación entre gente que tiene una ilusión y un proyecto, que es el de la independencia.

P. La Generalitat dice que no va a dar responsabilidades a los funcionarios de las mesas. ¿Tiene sentido recurrir entonces?

R. Por supuesto. Esta parodia de consulta crea dos listas. Una lista amarilla de los que voten y otra negra de los que no vayan. No se garantiza la privacidad, ni el derecho al voto. Además se configurará otra lista negra con los funcionarios que no se han apuntado como “voluntarios” y que quedarán retratados ante sus políticos, que después premiarán a los que sí vayan.

P. ¿Por qué no se puede hacer ahora una consulta de andar por casa como la que se celebró en Arenys de Munt en 2009?

R. Entonces votó una minoría y el 9 de noviembre pasará lo mismo. Los que han elaborado esta estrategia van a quedar atrapados en su propia trampa. Las autonómicas de 2012 ya fueron una consulta. Solo hubo 1,78 millones de votos o 2,1 si se cuenta ICV, a opciones independentistas sobre un censo de 5,25. Más de tres millones no lo hicieron. En las europeas aún menos.

P. ¿La voluntad política no puede superar las estrecheces de la legalidad, que a veces son muy anchas?

R. Es un problema legal y de democracia. El artículo 2 de la Constitución habla de que España es una unidad compuesta por “nacionalidades y regiones que la integran”. Por tanto, hay que integrar a Cataluña y lo que están haciendo ambos Gobiernos con sus políticas y falta de diálogo es desintegrar el mandato constitucional.

P. ¿Cómo se puede negar una consulta si se cree de verdad en la democracia?

R. La Corte suprema americana establece en su jurisprudencia que las consultas son una fórmula discriminatoria. Derrick Bell, el primer catedrático de Derecho de raza negra de la Universidad de Harvard, también asegura que “la democracia directa deviene la más amenazadora para los derechos de las minorías”.

P. ¿Cómo lo razona?

R. Si permites una consulta para que los padres elijan el colegio de los hijos será imposible la inmersión lingüística. O si consultas para que impedir que los inmigrantes compren en los supermercados y gana el sí atentarías contra derechos fundamentales.

P. En Suiza hacen consultas a menudo.

R. Siempre que no afecten a las minorías. Lo curioso del 9-N es que la minoría cuyos derechos se vulneran es en realidad la mayoría de cuatro millones de noes, frente a un máximo de dos millones que dicen sí a la independencia.