Parra dice que la CAM lo chantajeó para que asumiera un crédito a Polaris
El ex consejero delegado del Banco de Valencia no precisa ante la Audiencia Nacional quiénes lo presionaron
El ex consejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra declaró en la Audiencia Nacional que la CAM le había "chantajeado" para que asumiera un crédito que la caja alicantina había concedido a Polaris World para la construcción de un resort en Alicante.
Parra se expresó así ante el juez Santiago Pedraz el pasado septiembre, cuando declaró como imputado en la pieza separada en la que investiga la operación de reestructuración de la deuda de Polaris que, según había denunciado el Banco de España en un informe de diciembre de 2012, se ejecutó a espaldas del resto de miembros de la comisión ejecutiva del banco valenciano.
Según han informado fuentes jurídicas presentes en esa declaración, el que fuera número dos del Banco de Valencia no pudo precisar qué personas de la caja le "chantajearon" para que asumiera el crédito prestado por la CAM.
Este miércoles, Pedraz ha interrogado a otros dos imputados, el exdirector de la Unidad Hipotecaria del Departamento de Riesgos del banco Felipe Monzó y el representante legal José Hernández.
El exdirectivo ha mantenido la versión ofrecida por Parra, si bien ha hablado de "presiones" por parte de CAM en la operación, que se firmó ante notario el 2 de junio de 2011 aunque la comisión ejecutiva no lo supo hasta tres meses después.
La operación de refinanciación de la deuda de Polaris con CAM fue asumida por varias entidades que aportaron 143 millones de euros mediante la compra de activos.
De ellos, Bankia afrontó 39 millones y Banco de Valencia de 45, mientras que del resto debía ser asumido por la empresa Inversiones en Resorts del Mediterráneo (IRM), propiedad de estas dos entidades, CAM y el Banco Popular.
Según el informe del supervisor, "todos estos fondos aportados por el Banco de Valencia a IRM tanto en forma de participaciones en el capital social como en préstamos se encuentran deteriorados al 47 por ciento".
Y terminaba subrayando que la operación carecía "totalmente de racionalidad económica" y produjo un perjuicio económico inmediato a la entidad.
