El fiscal investiga a cargos del PP por el sobrecoste del estadio de Pasarón

El presidente de la Diputación y del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, está citado a declarar hoy ante la fiscalía provincial, junto a otros ocho miembros de la Junta de Gobierno del ente en la legislatura pasada, por su papel en los sobrecostes de la reforma del estadio de fútbol de Pasarón, donde juega el Pontevedra. La obra, que se licitó inicialmente en 2006 en 7,2 millones de euros a la empresa Oreco tuvo que ser modificada hasta tres veces y acabó rondando los 18 millones, según los últimos cálculos, un 150% más de lo previsto.

 Tras Louzán deberán pasar hoy por el edificio judicial los dos vicepresidentes actuales de la Diputación, Chema Figueroa y Xosé Crespo, que compaginan los cargos con el de portavoz local del PP en Vigo y alcalde de Lalín, respectivamente. La lista la completan otros cargos populares que ya no están en la Diputación. Es el caso de la presidenta de la Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa; el alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo; el de Cerdedo, José Balseiros; el regidor de O Rosal, Jesús María Vázquez Portela; el de Ponteareas; Salvador González Solla y el presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán. Todos ellos formaban parte de la Junta de Gobierno en el último tramo de la legislatura pasada.

Los citados recibieron la comunicación en calidad de “testigos investigados” esta semana y en seguida intercambiaron mensajes de sorpresa. “Había una junta de Gobierno cada semana con 20 o 30 puntos, era materialmente imposible revisar todos los expedientes”, dijo ayer uno de los señalados. “Nadie en su sano juicio aprueba un trámite que no estaba informado favorablemente”, justificó el regidor de Cangas, que avisó de que no se acuerda mucho del asunto tras el tiempo transcurrido.

Una extensión de la grada, cambios en los palcos, sobrecostes para mantener las obras con la competición en curso, un nuevo transformador eléctrico y otras actuaciones no previstas fueron encareciendo progresivamente una obra cuya tramitación ya criticó el Consello Consultivo en 2008 por ampliarse sin una nueva licitación.

El presidente de la Diputación de Pontevedra entiende que, ante cualquier denuncia, la fiscalía tiene que investigar, pero aclara que las tres modificaciones del presupuesto fueron aprobadas “sin ningún reparo suspensivo de los técnicos”. “Confío en que todo esto quede aclarado ante la fiscalía”, afirmó Rafael Louzán, que recordó que el proyecto del estadio se desarrolló mediante un convenio entre la Xunta, el Ayuntamiento de Pontevedra y la Diputación.

Los acuerdos de adjudicación y reformado del presupuesto fueron aprobados por la comisión de cuentas y la mesa de seguimiento de la que formaban parte representantes del PP, PSdeG y BNG, insistió Louzán. Dicha mesa estuvo presidida con la alternancia de los exdiputados populares Teresa Pedrosa y José Enrique Sotelo y todas las modificaciones fueron aprobadas con el voto favorable del representante del PSdeG, el concejal Chano Piñeiro, al que sucedió el denunciante, Agustín Fernández.

Louzán admite que existe un informe del Consello Consultivo contrario a las ampliaciones del presupuesto pero insiste en que “no es un dictamen vinculante” y que en cualquier caso llegó después de que se aprobaran los reformados por todos los grupos políticos.

Este proyecto que lideró la Xunta en 2003 nació con la convocatoria de un concurso de ideas para adjudicar el diseño del proyecto técnico, en el que también participó el Ayuntamiento de Pontevedra. Para los defensores de la polémica actuación el coste por asiento de Pasarón no es nada descabellado si se compara con el del nuevo estadio de San Mamés, en Bilbao: 240 millones para 52.000 localidades frente a 17 millones que se invirtieron en el estadio pontevedrés con un aforo de 12.000 espectadores.