Ribó pide que los concejales aclaren si tienen reservas con las bodas gais

La polémica por la negativa de un concejal del Partido Popular de Barcelona a casar a una pareja de lesbianas en el distrito de Sarrià ha llegado hasta el Síndic de Greuges. El Defensor del Pueblo pidió ayer al Ayuntamiento de Barcelona que, para garantizar la igualdad y normalización de los matrimonios del mismo sexo, “los concejales que tengan alguna reserva personal para oficiar estas ceremonias comuniquen su objeción en el mismo momento en que reciben la delegación del alcalde”. Así, los servicios administrativos del Consistorio puede garantizar que las bodas “se realice de manera ordinaria previendo estas reservas“.

El órgano que preside Rafael Ribó se pronunció después de que el pasado fin de semana se conociera que Óscar Ramírez, regidor popular y presidente del distrito de Sarrià, alegó “objeción de conciencia” para no celebrar una boda entre dos personas del mismo sexo. Finalmente una regidora socialista oficiará la ceremonia el próximo mes, la misma fecha en la que estaba planificada. “Sin perjuicio de considerar que la objeción de conciencia puede ser alegada y planteada respecto a la celebración del matrimonio entre personas del mismo sexo, el Síndic considera que esta circunstancia no puede impedir el ejercicio del derecho que tienen todos los contrayentes a celebrar la ceremonia el día que así lo soliciten”, asegura el defensor.

Desde el Síndic recuerdan que un caso similar ocurrió en 2011, cuando a una pareja homosexual se le informó que no se podía casar en el distrito de Ciutat Vella, pues a quien correspondía celebrar el matrimonio era Alberto Villagrasa, concejal del PP y actual presidente del partido en Barcelona provincia. La ceremonia finalmente la celebró otro concejal.

La ley obliga al alcalde a casar pero también establece que puede delegarlo en los concejales, algo que no es obligatorio aceptar.En la capital catalana hay 11 sitios del Ayuntamiento donde se pueden oficiar bodas y los ediles se reparten las celebraciones. Lo que sugiere el defensor del pueblo es que estos turnos se conozcan con antelación y tengan en cuenta los posibles objetores de conciencia. Hasta el momento los mismos concejales se suplen de una manera informal, en caso de imprevistos.

Una portavoz municipal aseguró que el Gobierno de Xavier Trias (CiU) “acoge la recomendación del Síndic” y recuerda que “nunca se ha dejado de casar a nadie en el Ayuntamiento por su orientación sexual o de género”.

El Frente de Liberación Gay de Cataluña (FAGC) pidió la dimisión de Ramírez por considerar que viola la nueva ley antihomofobia, aprobada recientemente por el Parlament, que asegura que “se tiene que hacer efectivo el reconocimiento de la heterogeneidad del hecho familiar en la práctica judicial y administrativa”.

Las otras fuerzas políticas presentes en el Consistorio también afearon la conducta del regidor popular. Desde el PSC, el alcaldable Jaume Collboni solicitó la creación de “un registro público de objetores de conciencia” para evitar malentendidos. Y ofreció sus ediles para realizar todas las bodas gais que el PP no quiera celebrar.

Una oferta similar hizo el republicano Jordi Portabella, que por cierto fue el primero en casar a una pareja gay en 2002, cuando aún no se había aprobado la ley. “Es moral y éticamente reprochable que el PP se llene la boca con la defensa de la Constitución y después la obvie respecto a otros temas”, denuncia la ecosocialista Janet Sanz.