Un testigo denuncia sin pruebas mordidas de la CEA y los sindicatos
El funcionario dice que hubo malos tratos en una fundación, pero no lo denunció
El funcionario Teodoro Montes, principal testigo de la macrocausa sobre los cursos de formación que instruye la juez Mercedes Alaya, ha disparado a discreción con acusaciones gravísimas contra la Junta, la patronal y los sindicatos CC OO y UGT. Sin aportar pruebas, Montes ha acusado a una fundación pública del Gobierno de maltratar a personas discapacitadas y a los agentes sociales de lucrarse a través de comisiones ilegales de hasta el 20% por los cursos de formación.
El testigo estrella de Alaya en su nueva causa acusó a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y a los sindicatos UGT y CC OO de percibir mordidas pagadas por las empresas subcontratadas a cambio de impartir cursos de formación subvencionados por la Junta. Es decir, según el testimonio del jefe del departamento de gestión de Formación Profesional, los tres agentes sociales recibieron comisiones ilegales de hasta el 20% por subcontratar algunos cursos. El decreto que en 2009 reguló la Formación Profesional establece la posibilidad de justificar hasta el 20% de ciertos gastos al subcontratar con terceras entidades los cursos, pero la denuncia de Montes relata que los agentes sociales percibieron mordidas ajenas a todo tipo de justificación del gasto, unas comisiones que conoció gracias a que se lo contaron los propios empresarios pagadores, según dijo ayer. La CEA negó la percepción de estas supuestas comisiones ilegales y sus servicios jurídicos estudian querellarse contra Montes por sus declaraciones.
La juez ya investiga el reparto de fondos públicos para la formación que realizó la CEA entre 1999 y 2013 entre una decena de empresas. Alaya ordenó a la Agencia Tributaria que detalle todas las operaciones con terceros y declaraciones de IVA de la patronal andaluza.
La carga de la dinamita lanzada por Montes contra los agentes sociales es similar a la dispuesta contra la fundación pública de la Junta Faisem (Fundación Pública Andaluza para la Integración de Personas con Enfermedad Mental). El funcionario denunció que esta entidad infligió daño “físico y mental” a personas discapacitadas que atendieron como alumnos a un curso de formación. El testigo planteó que estas personas con enfermedad mental habían sido anestesiadas y recibieron medicación para evitar que elevaran quejas por soportar condiciones insalubres, sin aire acondicionado y con más de 55 grados de temperatura en pleno verano. El funcionario aseguró que había anulado dicho curso tras su inspección, pero evitó acudir al juzgado para denunciar las irregularidades. A continuación, Montes afirmó que ciertas entidades han utilizado durante los últimos años alumnos como mano de obra “barata o gratuita”, según fuentes del caso presentes en la declaración.
En el patronato de Faisem figuran tres consejerías —Salud, Innovación y Educación—. Ante las acusaciones contra la entidad pública, el Ejecutivo se querellará contra Montes, según avanzaron ayer fuentes de la Junta. “Es obvio que Faisem se investigará porque la defensa de los discapacitados corresponde a la fiscalía, pero la acreditación probatoria tiene que acompañar al testimonio”, alertaron fuentes del ministerio público sobre la declaración del testigo. Montes comenzó su declaración con una queja por las informaciones periodísticas sobre su declaración, y tras plantear que había sido grabado, la juez descartó esta posibilidad y le dijo que los abogados tenían derecho a informar sobre su testimonio a los medios de comunicación, ya que las actuaciones no son secretas.
El testimonio de Montes, escoltado por la Guardia Civil, se centró en denunciar la “inutilidad” de la política de formación desarrollada por la Junta a través de miles de cursos —Montes mencionó que solo en Sevilla se celebraban entre 3.000 y 3.500 cursos al año, y fuentes del caso elevan a más de 20.000 cursos en toda Andalucía cada año—.
Las graves denuncias del funcionario sobre las comisiones ilegales llegaron tras cinco horas de declaración, y cuando la juez le pidió que concretara nombres y detalles que sustentaran las supuestas irregularidades, el funcionario alegó que no los recordaba en ese momento. Alaya aplazó entonces la comparecencia hasta esta mañana, cuando continuará la tercera jornada de su declaración. A pesar de acudir al juzgado con una gran bolsa repleta de documentos, de momento Montes no ha esgrimido las pruebas para reforzar todas sus denuncias que puedan refutar las previsibles querellas que presentarán los afectados por sus acusaciones.
Un recurso sin crédito y archivado
El jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional en Sevilla, Teodoro Montes, denunció a sus superiores en la Junta por acoso laboral en 2009. El Tribunal Superior de Justicia (TSJA) le dio la razón tres años después y estimó sus argumentos, por lo que ordenó su restitución en el cargo del que había sido relevado. “Se condena a la Administración —la antigua Consejería de Empleo— a reponer al demandante en su puesto de jefe de servicio de gestión de FPO, asignándole las funciones propias del mismo, debiendo cesar las conductas de acoso y hostigamiento”, fijó el TSJA.
Sin embargo, en 2013 Montes estimó que la Junta, tras usurparle sus funciones y pese a la sentencia firme, no se las restituyó, por lo que recurrió el cumplimiento de la condena a la Junta ante el Juzgado de lo Contencioso 6 de Sevilla. Tras estudiar la cuestión, la juez Isabel Castillo desestimó el recurso de Montes porque sus alegaciones no habían quedado acreditadas. La magistrada destacó que el funcionario disponía de clave de usuario para acceder a las aplicaciones propias como jefe de departamento, además de “emails de contenido laboral que ponen de manifiesto que el actor viene ejerciendo las funciones inherentes” a su cargo. En el auto del 26 de junio de 2013, la juez archivó el asunto y condenó a Montes en costas. Dos meses después el funcionario se dirigió a la Guardia Civil para denunciar en dos declaraciones consecutivas las “graves irregularidades” cometidas por la Junta en los cursos de formación. Un año después, Montes ha dicho a Alaya que sus superiores habían desmantelado su departamento hasta dejarle sin teléfono ni Internet.
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