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La Lei do Solo nace sin consenso como las 10 reformas anteriores

El PSdeG rechaza que la Xunta pueda imponer planes urbanísticos a los municipios

La nueva Lei do Solo, llamada a dar estabilidad al urbanismo gallego tras 10 reformas parciales de la norma anterior, de 2002, nace también sin consenso, como la inmensa mayoría de los cambios que el PP y el bipartito PSOE-BNG fueron introduciendo en la última década. El nuevo texto incluye una novedosa figura, la del plan básico, dictado desde la Xunta para los municipios de menos de 5.000 habitantes incapaces de elaborar por sí solos un plan de urbanismo completo, único cambio que el PSOE acogía en principio favorablemente ya que liberaría también a sus alcaldes de la presión de sus vecinos y la trasladaría al Gobierno gallego. Pero como en el resto de la nueva ley, tampoco en ese punto hay acuerdo ya que los socialistas quieren que sea cada ayuntamiento el que voluntariamente pida a la Xunta que le elabore ese plan básico mientras que en el texto que ayer expuso al público el Gobierno gallego se reserva para sí la capacidad de “promover” esos documentos aunque no se lo pidan los municipios.

En Galicia hay 199 ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes que ocupan el 65% del territorio. La inmensa mayoría carece de plan de ordenación y tampoco registra una gran presión urbanística que les anime a elaborar uno. Otros, precisamente porque sí tienen esa presión, llevan años empantanados en la redacción de esos planes. Así que en principio alcaldes de todo color político ven bien que sea la Xunta la que asuma ese trabajo. Pero la discrepancia aparece en si lo debe hacer por iniciativa propia o solo si se lo pide el ayuntamiento en cuestión. Hace seis meses, el portavoz popular en materia de urbanismo, Román Rodríguez, se mostraba favorable a que fuese cada ayuntamiento el que solicitase a la Xunta un plan básico y su homólogo socialista, Xosé Sánchez Bugallo, mostró su apoyo a esa nueva figura. Pero el texto final que la Xunta ha expuesto al público amenaza con torpedear ese acercamiento. “La consellería competente en materia de urbanismo promoverá la redacción de los planes básicos”, dice el documento, que a continuación limita la actuación municipal a presentar alegaciones a ese plan autonómico.

Esa redacción ha cogido por sorpresa al grupo parlamentario popular mientras que ha provocado el rechazo inmediato del PSdeG. “Es una ley expropiatoria de competencias municipales”, dijo ayer Bugallo, que solo aceptaría ese trasvase de competencias de los ayuntamientos a la Xunta si es “voluntariamente”. En AGE y BNG esa figura nunca ha gustado ya que consideran que al dejar en manos de la Xunta los planes urbanísticos se dificulta la transparencia y la participación de los ciudadanos.

Al margen de esa medida, el PSdeG critica especialmente que la nueva ley desprotege el suelo rústico, todo aquel que aún no ha sufrido transformación urbanística y que debe ser preservado así, y en especial el que está destinado a actividades agropecuarias. Por el contrario, la Xunta y el PP destacan que la simplificación normativa de la nueva ley facilitará el desarrollo en esos terrenos de actividades económicas compatibles con la preservación de sus valores. En general, el socialista Bugallo considera que la norma no aporta grandes novedades sobre la ya existente sino que es un “hacer que hacemos” por parte de la Xunta, a la que pide que simplifique la redacción de los planes de urbanismo para que no supongan un obstáculo para los municipios.

La norma aún puede cambiar notablemente ya que, tras la actual exposición al público y las correcciones que pueda introducir la Xunta, el texto deberá ser debatido en el Parlamento antes de su aprobación. El Gobierno gallego, en todo caso, prevé que entre en vigor esta legislatura.