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Imputado el dirigente comunero que defiende el centro comercial de Vigo

La juez ve indicios de apropiación indebida en una operación urbanística La permuta bajo sospecha fue clave para el rechazo de la gran superficie

Votación de los comuneros de Cabral sobre la construcción de una gran superficie comercial en su monte.
Votación de los comuneros de Cabral sobre la construcción de una gran superficie comercial en su monte.LALO R. VILLAR

La revelación de una insólita permuta de terrenos que, según todos los indicios, hizo perder una elevada cantidad de dinero a la Comunidad de Montes de Cabral, quebró la confianza de los comuneros en su presidente, Luis Rodríguez, y acabó siendo clave en que estos dijeran no al gran centro comercial que la compañía Eurofund Investments pretendía instalar en la zona. Pero los hechos no han terminado ahí. La oposición a Fernández trasladó el caso a la fiscalía, lo que ha derivado en la imputación judicial del presidente por un presunto delito de apropiación indebida.

La titular del juzgado de instrucción número 8 de Vigo ha emitido un auto en el que estima la existencia en aquella operación de indicios de aprobación indebida, por lo que cita a declarar a Luis Fernández en calidad de imputado el próximo 30 de octubre. Entre otras diligencias, la juez también cita como testigo a Jesús de la Fuente Villar, jefe del Servicio de Montes y Servicios Forestales de la Xunta en 2006, cuando Villar inició los trámites de la actuación presuntamente delictiva.

Portocabral insiste

P. L.

Pese a que el rechazo de los comuneros, por un estrecho margen de votos, frustró la ejecución a corto plazo del proyecto Portocabral, Eurofund Investments no desiste. El grupo inversor tiene otra vía, más lenta, consistente en esperar a que el Ayuntamiento de Vigo ejecute el desarrollo urbanístico de la zona afectada, que el actual Plan General clasificó para un gran complejo de uso principalmente comercial. Y ya ha anunciado que su intención es poner en marcha un proyecto en el que asegura que invertirá 500 millones de euros.

El alcalde, el socialista Abel Caballero, se ha mostrado siempre favorable a la creación del centro comercial, y ha asegurado que el desarrollo de la zona es una obligación contemplada en el planeamiento. Los opositores al proyecto y a la directiva del imputado Luis Fernández se mantienen alerta, conscientes de que la asamblea que decidió no ceder los terrenos a Eurofund no suponía la renuncia definitiva del grupo al proyecto.

El plan de Eurofund dividió a la parroquia de Cabral y provocó enfrentamientos entre partidarios, liderados por la directiva de los comuneros, y detractores. Una asamblea el pasado año acabó con siete heridos y tres detenidos.

La fiscal jefe del área de Vigo, Susana García-Baquero, avanzó en su investigación previa la existencia de indicios de actos de disposición y adquisición “que perjudican los intereses” de la comunidad de montes, además de “vulnerar la normativa reguladora” de estas entidades. En el auto de la fiscalía se establecía que los hechos “constituyen un delito de apropiación indebida en su modalidad de gestión desleal”, penado con seis meses a cuatro años de prisión.

La operación que ahora investigará el juez se inició en 2006, en plena burbuja urbanística, y culminó a principios de 2012, aunque se conoció en septiembre del pasado año, solo dos meses antes de la asamblea que decidió negar la cesión de los terrenos para el proyecto de Portocabral. Básicamente, los hechos consisten en una permuta negociada por Fernández con el titular de una sociedad inmobiliaria denominada Grucave SL, en la que la comunidad de montes aportó 3.140 metros cuadrados de terreno industrial en la zona de Puxeiros a cambio de 4.300 de terreno rústico clasificado como comunal.

La Comunidad de Montes ya había desembolsado previamente 240.000 euros, para comprarle al Ayuntamiento de Vigo una parcela de 740 metros cuadrados que interesaba a Grucave. Durante seis años, Luis Fernández porfió en una negociación con las autoridades municipales hasta que finalmente logró adquirir el terreno, a un precio de 335 euros el metro cuadrados. El intercambio se realizó a pesar de contar con un informe en contra de la Xunta, que alertó de que la entidad aportaba terrenos no comunales a cambio de otros que sí lo eran, y que por lo tanto podrían ser asumidos sin coste alguno.

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De aplicarse a toda la parcela el precio que pagó la comunidad de montes por los 714 metros cuadrados que le adquirió al Ayuntamiento, los terrenos que acabaron en manos de la promotora Grucave, y en los que se construyó una gran nave industrial, habrían superado el millón de euros. Según cálculos de la oposición a Fernández, los que aportó la comunidad se podrían haber reunido por unos 100.000 euros. Tras cerrar la operación, Grucave vendió la parcela a las empresas de los hijos de su titular, Antonio Caride. Posteriormente, uno de ellos revendió su parte a su hermano por 562.000 euros.

Además de las declaraciones de Luis Fernández y del entonces responsable del Servicio de Montes de la Xunta, la juez del número 8 de Instrucción de Vigo ha requerido a Grucave para que que aporte la escritura pública de permuta y la prueba documental de la adquisición de dos parcelas, así como la prueba documental de la recepción del precio. También insta a la notaría en la que se cerró la operación a que remita el expediente completo de escritura de ambas fincas por las que la inmobiliaria las agrupó en febrero de 2006. Ordena asimismo a la Policía Nacional a que cumplimente todas las diligencia pendientes.

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