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La indemnización por el fiasco de Castor indigna a la Generalitat

El 'síndic' anuncia que promoverá acciones legales para evitar que el pago repercuta en los ciudadanos

Rafael Ribó.

La indemnización millonaria que ha aprobado el Gobierno central por el fiasco del proyecto Castor (1.350 millones de euros) ha irritado a distintos sectores en Cataluña. El síndic de greuges, Rafael Ribó, anunció ayer que promoverá acciones para impugnar la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy. La Generalitat también se ha planteado impugnar el acuerdo para evitar que repercuta en el bolsillo de los ciudadanos y las empresas de Cataluña, anunció el consejero de Empresa, Felip Puig.

El Consejo de Ministros aprobó el viernes un decreto por el que acepta la renuncia de la empresa promotora -participada por el Grupo ACS en un 66%- a la concesión del almacén de gas subterráneo Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y Alcanar (Tarragona). La indemnización, anunció el Ejecutivo, se repercutirá en el recibo del gas durante los próximos 30 años. Ribó calificó de "indignante" la decisión y explicó que, en las próximas semanas, se reunirá con entidades que defienden los derechos de los consumidores, colegios profesionales y movimientos vecinales para estudiar acciones legales. El síndic analizará, además, si hubo irregularidades en la adjudicación de la plataforma por parte de los Gobiernos de Rajoy y de su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero.

La infraestructura permanece cerrada desde septiembre de 2013. El Gobierno paralizó la inyección de gas después de que se registrasen medio millar de terremotos, muchos de ellos de magnitud superior a 4 en la escala de Richter. La actividad del almacén había afectado a una falla no cartografiada hasta entonces, según concluyeron los informes oficiales. Los seísmos provocaron la alerta de los vecinos. Ribó, de hecho, recibió más de 500 quejas por parte de la Plataforma en Defensa de las Tierras del Sénia.

El consejero Puig, por su parte, se mostró en desacuerdo con que "cosas mal hechas del Estado las acaben pagando los ciudadanos". Izquierda Unida, por su parte, pedirá a la Comisión Europea que investigue el caso para que "jamás vuelva a usarse un proyecto-bono del Banco Europeo de Inversiones para financiar proyectos a mayor gloria de empresarios cercanos al poder", señaló la eurodiputada Marina Albiol.

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