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parlamento vasco

El Parlamento condena la gestión que hizo el PNV en el caso Epsilon

La Cámara aprueba con los votos de toda la oposición, el dictamen de la comisión de investigación. El PNV dice que se trata de un relato parcial

Pedro Gorospe
El portavoz del PSE, Vicente Reyes, durante el pleno.
El portavoz del PSE, Vicente Reyes, durante el pleno.L. Rico

Las irregularidades en la concesión de ayudas públicas al fallido proyecto Epsilon están claramente vinculadas a una mala gestión y a decisiones equivocadas de un nutrido grupo de personas del PNV que tenían las riendas de las instituciones y organismos vinculados al proyecto automovilístico entre los años 2007 y 2009. El Parlamento vasco aprobó ayer, con los votos en contra del PNV,  y los favorables de todos los demás grupos, EH Bildu, PSE y PP además del grupo proponente de la comisión de investigación, UPyD, el dictamen de la comisión de investigación que se cerró el pasado julio y que pone sobre la mesa el mal uso de dinero público puesto en manos privadas próximas a quien gobierna. Sin embargo, pese a apuntar las responsabilidades políticas concretas, el dictamen no incorporará los nombres de las personas a las que se refiere. Quizás lo aclaren los jueces, en la vertiente penal que se sigue tanto en los casos de Epsilon, como en el de Hiriko, ambos vinculados a afiliados y cargos públicos del PNV.

Epsilon terminó quebrando y con una sentencia por concurso culpable a finales de 2013 contra su administrador, Joan Villadelprat. Un fallo en el que el juzgado de lo mercantil entiende que se vendió la parte rentable, la de la Fórmula 1, a una empresa de exdirectivos de Epsilon por 200.000 euros, cuando en libros constaba un valor de 1,2 millones. El dictamen aprobado esta mañana entiende que en noviembre de 2007 el Consejo Vasco de Promoción Económica, en el que participan el Gobierno y las tres diputaciones, por aquel entonces todas en manos del PNV, nombró a Epsilon proyecto estratégico. Una decisión que le abrió las puertas a las ayudas públicas y sirvió de cobertura para que el parque tecnológico de Miñano se embarcara en 2009 en una operación que no se había realizado nunca, ni tampoco se ha realizado después, con otras empresas, es decir, facilitar que Caja Vital y Kutxa concedieran un préstamo a Epsilon por un total de 16 millones para construir su edificio en el parque. En esa operación se ha centrado el dictamen parlamentario de la comisión de investigación.

Los nombres

En el Consejo de Promoción Económica de 2007 participaban quienes hoy ocupan seis altos cargos en el Gobierno -la viceconsejera de Justicia Ana Aguirre, el viceconsejero de Hacienda Juan Miguel Bilbao, el director de Presupuestos, Hernando Lacalle, la consejera Arantza Tapia y el director de Desarrollo Industrial Alejandro López Cárcamo, o el director de Coordinación de Seguridad, Rodrigo Gartzia, así como otras personas como Arantza Zenarruzabeitia, o el actual diputado de Hacienda de Bizkaia José María Iruarrizaga.

En el consejo de administración del parque tecnológico de Miñano estaban, aparte de algunos como Zenarruzabeitia o Lacalle, el actual concejal del PNV en Vitoria Iñaki Prusilla, o dos de los imputados por el caso De Miguel, el propio Alfredo de Miguel y Julián Sánchez Alegría, entre otros como la actual directora de Desarrollo Rural Elena Gutiérrez.

Lo raro y condenable de esa operación es que las cajas pidieron garantías para dar el crédito y el parque tecnológico dio dos: la cesión del rango hipotecario en favor de ambas entidades, que se colocaron por delante de la administración como acreedoras, y el compromiso de acudir a la subasta del edificio si fallaba el proyecto, comprándolo por entre 14 y 22 millones. El Gobierno socialista de Patxi López acabó pactando con Kutxabank la adquisición por 16 millones -ahorrando seis- y el Ejecutivo actual ha terminado por hacerse con el edificio en mayo de este mismo año, con el objetivo de venderlo. Fueron los socialistas quienes mandaron el informe de esa operación a la fiscalía para que lo investigara.

El redactor del dictamen el parlamentario Carmelo Barrio ha asegurado que algo ha fallado en las estructuras públicas a la hora de conceder dinero público. "Nosotros no dictamos sentencias. Lo que buscamos es esclarecer y controlar las formulas para que los errores e irregularidades no se vuelvan a producir", ha dicho. "Pero a los ciudadanos no nos gusta que nos tomen el pelo, que con nuestro dinero se acometan proyectos inexplicables. El mundo nos iba a conocer por el coche electrico Hiriko y por la fórmula 1 de Epsilon, y han sido dos proyectos fracasados y con un elevado coste para los ciudadanos. El principal activo de los vascos es además de la seriedad, el emprendimiento responsable y el rigor y transparencia en las adjudicaciones públicas", ha asegurado. 

El portavoz del PSE, Vicente Reyes, ha explicado que el dictamen está hoy aquí porque el PSE puso las presuntas irregularidades en manos de la fiscalía, y porque además, con su voto permitió la continuidad del dictamen. "Epsilon es una muestra de lo que no debe de hacer un gobierno responsable. No sabemos por qué pasaron la prioridad de Miñano a las cajas", ha dicho.

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EH Bildu apunta a la responsabilidad de Jesús Echave

Igor López de Munain, de EH Bildu, hizo un relato cargando las tintas en los empresarios y asociaciones que tomaron parte en aquel desastre para las arcas públicas ya que en el caso Epsilon, los fondos propios del máximo responsable eran ridículos, frente al volumen de ayudas. Para Bildu, Jesús Echave, consejero del PNV en la Vital es una pieza clave de todo el proyecto automovilístico. Además, ha dejado claro que Epsilon está vinculado al caso De Miguel donde están imputados por prevaricación, falsedad documental y alteración de precios, entre otras acusaciones, varios cargos del PNV. "Algunos estaban en Miñano cuando se tomaron las decisiones económicas", ha explicado tras citar a las asociaciones sin ánimo de lucro Afipayda, y Denokin, como las auténticas canalizadoras del dinero público "hacia el desastre".

El portavoz del PNV, Luis Javier Tellería, ha reiterado que el dictamen no recoge parte de la documentación remitida a la Cámara, como un informe de los asesores jurídicos del parque tecnológico de Miñano. "Hay datos que ponen claramente de manifiesto que en esas conclusiones se margina lo esencial y se pone énfasis en los secundario".

El portavoz de UPyD ha vuelto a reclamar l inclusión de los nombres de las personas que participaron en los dos órganos considerados centrales en la concesión de parte de las ayudas y de la operación de cesión del crédito, el Consejo Vasco de Promoción Económica de noviembre de 2007 y el consejo de administración del parque de Miñano en marzo de 2009. Todas las enmiendas presentadas fueron rechazadas.

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Sobre la firma

Pedro Gorospe
Corresponsal en el País Vasco cubre la actualidad política, social y económica. Licenciado en Ciencias de la Información por la UPV-EHU, perteneció a las redacciones de la nueva Gaceta del Norte, Deia, Gaur Express y como productor la televisión pública vasca EITB antes de llegar a EL PAÍS. Es autor del libro El inconformismo de Koldo Saratxaga.

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