OPINIÓN

Lo que va de Cameron a Rajoy

El ‘premier’ británico se alegró de lograr el consentimiento expreso de la nación escocesa a seguir en Reino Unido; Rajoy cree que no hace falta

Vean este contraste. La primera declaración pública del jefe del gobierno británico David Cameron cuando se conoció el resultado del referéndum del día 18 en Escocia fue mostrar su alegría y satisfacción porque el pueblo escocés había hablado, porque el resultado era claro y porque su decisión había sido la de "mantener unido el país de cuatro naciones". O sea, la inglesa, la escocesa, la galesa y la parte de la irlandesa que forman el Reino Unido. Cuatro naciones, un reino.

Ayer, tras reunir a su Gobierno, el presidente Mariano Rajoy anunció que había decidido suspender mediante el Tribunal Constitucional la consulta recién convocada por el presidente Mas sobre el futuro político de Cataluña. Su argumento: “Porque la soberanía nacional reside en el pueblo español, en su conjunto, y una parte de él no puede tomar decisiones sobre lo que afecta a todos”. En otro momento de su declaración afirmó también que “el derecho que [la consulta convocada por Mas] pretende dar a algunos se lo está sustrayendo a todos los demás”.

La lectura de las dos citas deja claro cuál es la diferencia de fondo entre lo que ha sucedido en Escocia y lo que está sucediendo en Cataluña. El Gobierno de Cameron conoce y respeta la existencia de la nación escocesa y entiende que nadie puede obligarla a formar parte del Reino Unido, si no quiere. A los gobernantes británicos ni se les ocurre pensar que los 55 millones de ingleses deban decidir este tipo de asuntos por los 5 millones de escoceses. Por eso hubo referéndum.

El Gobierno de Rajoy entiende, en cambio, que hay una nación española de la que forman parte los 7 millones que residen en Cataluña mientras así lo decidan los 47 millones de españoles. Por eso no hay ni habrá referéndum en Cataluña, sentencia Rajoy. Ni se le ocurre pensar que los catalanes tengan derecho a plantearse seriamente, es decir, con todas sus consecuencias, acerca de si quieren seguir siendo ciudadanos del Estado español, o no.

Dicho de otra manera, la posición del Gobierno de España en el contencioso constitucional formalmente abierto por las instituciones autónomas catalanas cuando aprobaron su declaración de soberanía, en enero de 2013, es remitirles una y otra vez a lo que decidan los 47 millones de ciudadanos españoles. En su lenguaje, la Nación. Una nación, un Reino. No hay que ser matemático para saber que 40 millones son bastantes más que 7. Eso, suponiendo unas homogeneidades políticas dentro de ambos numerales que, en la realidad social y política, no existen.

Cameron habla con felicidad (I am delighted) de las cuatro naciones, porque acaba de obtener el consentimiento libre de una de ellas a continuar en el Reino Unido

A la nacionalidad catalana de que habla la Constitución española le sucede lo mismo que a la nación escocesa: es muy minoritaria en su Reino, en su Estado. Pero estas semanas se ha puesto espectacularmente de manifiesto que el reconocimiento nacional de estas minorías es como el blanco y el negro. Cameron habla con felicidad (I am delighted) de las cuatro naciones, porque acaba de obtener el consentimiento libre de una de ellas a continuar en el Reino Unido. A Rajoy ni se le ocurre referirse a Cataluña como nacionalidad, ni en el sentido en el que figura en la Constitución. Y si tiene que haber un consentimiento, sería el de los 47 millones. Ningún otro.

Todo esto es bastante paradójico, porque la verdad es que el catalanismo formó parte de la vanguardia democrática que en 1978 arrancó en España el pacto constitucional a los herederos del franquismo. De manera que puede decirse que hubo un consentimiento nacional catalán a estar en esta unión estatal española. Lo que ahora sucede es que aquel modelo democrático ha entrado en crisis. En Cataluña, porque en su Parlamento hay una gran mayoría que considera muy insuficientes el reconocimiento nacional efectivo y el grado real de autogobierno. Peor todavía, existe una extendida convicción de que está en curso una autentica regresión constitucional para vaciar la autonomía de contenido político. Una degradación.

En paralelo, el modelo constitucional está también en crisis, en Cataluña y fuera de ella, porque existe una igualmente amplia y aguda percepción de que sus gestores se han apropiado de las instituciones y no gobiernan en función de los intereses de la mayoría, sino en los de los grandes conglomerados económico-financieros. Lo proclaman las izquierdas mediante eslóganes de una enorme fuerza descriptiva. Como el que dice que manda más la troika que el Parlamento, por ejemplo. O el que denuncia que las instituciones del Estado están en manos de una casta político-funcionarial que actúa en función de sus propios intereses, incluso personales.

Una de las semejanzas entre la situación de Escocia y la de Cataluña, pero también con España, es que en ambas existe un extendido deseo de quitarse de encima a estas castas. En Escocia lo simplifican en Westminster. Aquí, en el Madrid político. Cada día hay elementos que acrecientan este aborrecimiento y las consiguientes ganas de pertenecer a otra sociedad política. En España como en Cataluña. El último caso es el del exministro Ruiz Gallardón que ha tardado menos de una semana en agenciarse otro sueldo público tras su caída del gobierno. Son 8.500 euros brutos al mes por una reunión a la semana, dicen. Pura casta.