Un promotor ofreció 90.000 euros a un asesor municipal de Lugo por recalificar
El cambio de uso, que después se anuló, añadía a las parcelas 1.000 metros más de edificabilidad
La juez que instruye la Operación Pokémon, Pilar de Lara, investiga un contrato entre un promotor inmobiliario y un asesor en materia de Urbanismo del Ayuntamiento de Lugo para la recalificación de unos terrenos en Fingoi.
Este "encargo de intervención profesional" figura en la parte del sumario de la Operación Pokémon cuyo secreto ha sido levantado este viernes, y al que ha tenido acceso Europa Press.
En virtud de este contrato, suscrito en 2005 para la recalificación de las parcelas 12 y 13 del Polígono de Fingoi, el propietario del terreno se comprometía a pagar un total de 90.151,82 euros "en concepto de honorarios" al abogado y asesor municipal Justo Díaz.
Según ese acuerdo, esa cantidad habría de abonarse "en el plazo máximo de una semana desde la fecha de la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Lugo" siempre y cuando "a dichos terrenos les sea de aplicación la Ordenanza de Edificación Abierta".
Eso sí, en caso de que dichos terrenos no figurasen en la aprobación definitiva del PGOU, este letrado debería devolver esos fondos también en el plazo de semana.
Estas parcelas se ubican en la calle Pintor Corredoira, en la esquina con la calle Armorica, y conforman una superficie de más de 1.900 metros cuadrados. Inicialmente fueron recalificadas, pero posteriormente se anuló esta decisión.
En las investigaciones de la jueza instructora sobre los motivos de este cambio de postura, un funcionario de Urbanismo del Consistorio lucense declaró que ese "error" al recalificar los citados terrenos les "haría ganar en edificabilidad".
Además, en un informe del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) se constata que esa decisión conllevaría un "beneficio económico" para el propietario de dicha parcela.
Y es que, de un máximo de edificabilidad de 1.500 metros cuadrados, se lograrían hasta 2.548 para un total de planta baja, siete alturas y un bajo cubierta.
Entre los usos a los que se destinaría la parcela una vez recalificada están, de forma específica, el residencial colectivo.
Este solar, que llegó a acoger una discoteca, podría albergar aparcamientos, residencias comunitarias, establecimientos hoteleros, oficinas, servicios terciarios, equipamiento educativo, cultural y de bienestar social, centros religiosos y servicios de la administración.
